La Cámara de Diputados de la Nación alcanzó el quórum reglamentario con alrededor de 130 legisladores y dio inicio formal al debate de la denominada Ley de Modernización Laboral, impulsada por el Gobierno del presidente Javier Milei. La sesión había sido convocada para las 14 horas y a esa hora se habilitó el tratamiento en el recinto.
El oficialismo, con el bloque La Libertad Avanza y aliados como el PRO, la UCR, el MID y varias fuerzas provinciales, logró reunir los apoyos necesarios para abrir el debate pese a la abstención de sectores del kirchnerismo y de la izquierda.
Contexto de tensión: paro de la CGT y protestas
La votación se produce en un clima de alta conflictividad sindical: la Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general de 24 horas coincidente con el tratamiento de la reforma, en rechazo al proyecto oficialista, que considera un ataque a derechos laborales.
La huelga afecta principalmente al transporte de pasajeros, bancos y otros servicios esenciales y se vive con manifestaciones en las inmediaciones del Congreso, donde miles de trabajadores y organizaciones acompañan el rechazo al proyecto.
Qué se debate y cómo sigue
El proyecto de reforma laboral ya cuenta con media sanción del Senado y fue modificado en comisión antes de llegar al recinto, entre otros cambios la eliminación del polémico artículo 44 que recortaba pagos por licencias médicas. Estas modificaciones implican que, si Diputados aprueba el texto hoy, el expediente deberá volver al Senado para su sanción definitiva.
Legisladores oficialistas sostienen que la reforma busca “modernizar” el mercado laboral, atraer inversiones y reducir la informalidad, mientras sectores gremiales y opositores advierten que la iniciativa limita derechos como la capacidad de huelga y reduce indemnizaciones.
Previo al inicio de la sesión, algunos diputados del oficialismo defendieron aspectos de la reforma y pidieron evitar posturas extremas, incluso proponiendo ideas como habilitar las billeteras virtuales como cuentas sueldo o ajustar normas para reducir la litigiosidad laboral.
En paralelo, desde la CGT y distintos gremios se repite el rechazo al proyecto, acusándolo de ser regresivo para los derechos laborales y de priorizar intereses empresariales por sobre la protección del trabajador.
