El Senado de la Nación rechazó este jueves el veto presidencial a la ley que modifica el régimen de distribución de los Fondos de Aportes del Tesoro de la Nación a las provincias.
La norma, impulsada por los gobernadores, había sido sancionada por el Congreso el pasado 20 de agosto y luego vetada por el presidente Javier Milei el pasado jueves, a través del Decreto 652/25.
Para insistir con la ley mayoría especial conformada por los dos tercios de los presentes, tal como lo indica la Constitución Nacional. La votación se saldó con 59 votos a favor de la insistencia, 6 en rechazo y 3 abstenciones.
De esta manera, la Cámara de origen insistió y giró a Diputados la Ley Nº 27.794, que busca automatizar la distribución del fondo creado por el artículo 3º, inciso d) de la Ley N° 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales, con la finalidad de atender «desequilibrios financieros y situaciones de emergencia».
El veto llegó al recinto luego de que el oficialismo intente recomponer relaciones con los gobernadores, pero sin avances sustanciales, por lo que el clima parlamentario se mantuvo desfavorable para la Casa Rosada, tras sufrir un doble revés este miércoles en Diputados con el rechazo al veto de Financiamiento Universitario y Emergencia Pediátrica.
Apoyo mayoritario
La iniciativa había recibido la media sanción en la Cámara alta el pasado 11 de julio con el voto positivo de un total de 56 legisladores y solo un voto en contra. La semana pasada el Ejecutivo publicó el veto total, desoyendo el reclamo de los mandatarios provinciales, quienes vienen impulsando pedidos de mayor asistencia económica ante el retiro del gobierno nacional de asuntos de su órbita, como el financiamiento de obras públicas y reparaciones de las trazas viales.
En aquella oportunidad, el proyecto había recibido el apoyo de senadores de todos los bloques, con excepción del cordobés Luis Juez (PRO), mientras que el grueso de la bancada de La Libertad Avanza (LLA) no estuvo presente en la votación ya que había optado por abandonar el recinto a mitad de la sesión, cuando ya se habían aprobado una serie de proyectos adversos en materia fiscal como el aumento de jubilaciones, prórroga de la moratoria, emergencia en discapacidad y fondos para Bahía Blanca.
En la votación de este jueves, ahora para insistir con la ley de modificación de ATN tras el vero presidencial, la votación arrojó una suma superior en votos afirmativos, ya que se sumaros tres a los de la sanción original. 59 votos a favor
La oposición mantuvo su bloque, recuperó tres radicales ausentes de la primera vuelta: el bonaerense Maximiliano Abad, la entrerriana Stella Maris Olalla de Moreira y el chaqueño Víctor Zimmermann.
En tanto que a favor del veto, esta vez, votaron los seis integrantes de La Libertad Avanza: Ezequiel Atauche, Bartolomé Abdala, Ivana Arrascaeta, Bruno Olivera Luceno, Juan Carlos Pagotto y Vilma Bedía. Además, se mantuvo en contra del proyecto el cordobés Luis Juez y se sumaron la cordobesa Carmen Álvarez Rivero (PRO) y el formoseño Francisco Paoltroni (Alianza la Libertad Avanza).
Las abstenciones esta vez corrieron por parte del entrerriano Alfredo De Ángeli, que en la votación del proyecto se había expresado a favor; y de los mendocinos del radicalismo Rodolfo Suárez y Mariana Juri que habían estado ausentes en la media sanción.
Qué dice la ley
La Ley n° 23.548 de Coparticipación Federal de Recursos Fiscales y dispone que el 42,34% del total se los queda el gobierno nacional, el 56,66% se reparte entre las provincias de forma automática y el 1% restante se reserva para los ATN.
Al reparto de Fondos de Aportes del Tesoro Nacional a las provincias se los denomina “discrecionales”, dado su naturaleza de transferencias no automáticas, que pueden ser distribuidos según la voluntad del Ejecutivo nacional, pero sin seguir ningún criterio ni prioridad establecido de antemano.
La Ley nº 27.794 se consensuó entre los gobernadores en el marco del Consejo Federal de Inversiones ante la inflexibilidad de la administración libertaria de avanzar en negociaciones sobre asistencia financiera.
La iniciativa reforma la modalidad de redistribución limitando la discrecionalidad del Ejecutivo nacional, estableciendo que los recursos se deben coparticipar de forma «automática y diaria», y que “los recursos que la compongan serán considerados a cualquier efecto como integrantes de la masa de fondos coparticipable”.
