Una medida de fuerza nacional mantiene completamente paralizada la actividad en todas las terminales portuarias del país. El conflicto se desató tras la publicación del Decreto 690/2026, una iniciativa del Gobierno Nacional orientada a desregular de forma integral el servicio de practicaje.
La protesta comenzó el pasado sábado 1° de agosto bajo la modalidad de un lock-out llevado adelante por prácticos, pilotos y baqueanos. El alcance de la medida es total: se extiende desde Ushuaia, en el extremo sur del país, hasta la Hidrovía Paraná-Paraguay. Sin embargo, el impacto se siente con mayor gravedad en el Río de la Plata y en el Río Paraná, una región clave por la que circula cerca del 80% de las exportaciones e importaciones de la Argentina. Como consecuencia directa, decenas de embarcaciones quedaron varadas y sin operaciones en los complejos portuarios del Gran Rosario, San Lorenzo y Timbúes.
La normativa que desencadenó la reacción sindical fue impulsada por el presidente Javier Milei y el Ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger. El objetivo de la reforma oficial es eliminar las «barreras de entrada» en el sector, abaratar los costos de la logística operativa y habilitar la libre contratación de los servicios. Además, el decreto faculta a los capitanes que cuenten con la experiencia necesaria a navegar por las rutas fluviales sin la obligación legal de contratar prácticos.
En la vereda opuesta, la Asociación Profesional de Capitanes y Baqueanos Fluviales de la Marina Mercante rechazó de forma tajante la medida, calificándola de «abusiva e inconstitucional». Los representantes gremiales adelantaron que llevarán el reclamo a los tribunales mediante una Acción de Amparo ante la Justicia Federal. Asimismo, presentarán una denuncia penal contra los funcionarios que firmaron el decreto, argumentando que la desregulación pone en riesgo inminente la seguridad náutica de los ríos.
Frente a este escenario de desabastecimiento operativo y severas complicaciones logísticas, el Estado intervino a través de la Prefectura Naval Argentina. La fuerza de seguridad envió cédulas de «intimación perentoria» a los profesionales para exigirles la reanudación inmediata de sus tareas bajo apercibimiento de ley, recordando que el practicaje tiene carácter de servicio público esencial.
Pese a las advertencias y la presión de las autoridades oficiales, los huelguistas ratificaron la continuidad del paro. No obstante, el sector dispuso guardias mínimas con excepciones estratégicas: siguen brindando asistencia exclusivamente a los buques petroleros y de gas licuado, una decisión tomada para evitar crisis en el abastecimiento energético interno y prevenir cualquier tipo de contingencia ambiental en las vías navegables.
Fuente: Noticias Argentinas
