En un hecho que denota una inteligencia previa y alta precisión técnica, malvivientes se alzaron con 40 millones de pesos destinados al pago de sueldos de los empleados de «Don Marcos» y «Gloria». Los investigadores destacan la pericia para vulnerar sistemas de alarma y la fuga con los registros de las cámaras de seguridad.
El inicio del fin de semana largo en la ciudad de Santa Fe se vio sacudido por una noticia policial de alto impacto. Dos empresarios del sector gastronómico, propietarios de los establecimientos «Don Marcos» y «Gloria», denunciaron el robo de una suma millonaria desde la administración central que comparten ambos locales, ubicada en el corazón de Barrio Candioti.
Un plan ejecutado con precisión quirúrgica
Según consta en la denuncia radicada en la Comisaría 3ª, los delincuentes no improvisaron. El ingreso al inmueble se produjo a través de un patio interno, tras sortear con éxito varias medianeras y muros perimetrales de viviendas linderas. Una vez en el objetivo, los ladrones lograron vulnerar aberturas y, lo más sorprendente para los peritos, neutralizaron sistemas de sensores de alarma de alta sensibilidad que se encuentran conectados directamente a una agencia privada de seguridad.
La pericia de los malvivientes quedó demostrada al no activar ninguna de las alertas tecnológicas del lugar. Además, para garantizar su impunidad, sustrajeron los dispositivos DVR que almacenan las grabaciones tanto de las cámaras de vigilancia como del sistema de alarmas, dejando a los investigadores sin registros visuales directos del momento del atraco.
El botín: sueldos y ahorros bajo la lupa
El perjuicio económico asciende a 40 millones de pesos en efectivo. El dinero se encontraba distribuido en tres sectores diferentes de la administración (en montos de 20, 16 y 4 millones de pesos), lo que refuerza la hipótesis de que los autores contaban con información privilegiada o realizaron una minuciosa tarea de inteligencia sobre el movimiento interno de la oficina.
Los damnificados confirmaron que el grueso de ese capital estaba destinado al pago de los sueldos de los trabajadores de ambos emprendimientos, lo que suma una carga social y humana al ya grave delito económico.
La investigación en curso
Ante la magnitud del evento, la Jefatura de la Unidad Regional I dio aviso inmediato a la fiscal de Flagrancia del Ministerio Público de la Acusación, Dra. Clelia Trossero. La funcionaria judicial dispuso el despliegue del área Científica de la Policía de Investigaciones (PDI) para realizar los peritajes criminalísticos de rigor en busca de huellas o rastros.
Como medida clave, la fiscalía ordenó el secuestro de todas las imágenes de cámaras de seguridad públicas y privadas en un radio de varias cuadras, haciendo especial hincapié en las 48 horas previas al hecho. El objetivo es detectar movimientos sospechosos o vehículos que pudieran haber realizado tareas de inteligencia en la zona antes de dar el golpe. Por el momento, la causa permanece bajo investigación de la PDI Región I y no hay detenidos.
