La Corte Suprema de Justicia de Santa Fe discutirá esta semana la elección de su presidente para 2026, en reemplazo del actual titular del cuerpo, Roberto Falistocco. Y también, seguramente, de un criterio que rigió durante las últimas décadas, sustentado por mayorías que hoy ya no existen. Y de cara a un verdadero cambio de época, paulatino, pero con fecha cierta.
La determinación de quien vaya a ponerse al frente del máximo organismo del Poder Judicial se lleva a cabo todos los años, en el último acuerdo de noviembre, según dispone la Carta Orgánica de Tribunales; aunque en esta oportunidad, como ocurrió en otras, la definición podría dilatarse unos días.
Con el sistema de rotación imperante desde principios de los 2000, para remediar y prevenir situaciones de tensión a veces asociadas a estos procesos, la presidencia recayó sucesivamente en Santa Fe (los años pares) y Rosario (los impares). No prosperó la idea blandida alguna vez por Daniel Erbetta de que la alternancia sea no solo de regiones, sino de personas.
Porque el mecanismo actual dejó como saldo la particularidad de que, al ser solamente dos los ministros de la ciudad capital y uno solo dispuesto a asumir el cargo (Eduardo Spuler nunca quiso hacerlo), año por medio la presidencia vino recayendo sin excepciones en Rafael Gutiérrez. Al punto que acumuló el récord de 13 mandatos, siempre con el acompañamiento de sus pares.
El santafesino, recién electo al frente de la delegación regional de la Junta Federal de Cortes, aspira a un catorceavo período en 2026, que corone su larga trayectoria en el organismo y su propia carrera en el Poder Judicial, con el broche de oro de la inauguración de la demorada nueva ala de los Tribunales capitalinos.
Según pudo establecer El Litoral, esta idea es acompañada por parte de los ministros, aunque no por todos. Lo que podría extender las deliberaciones hasta entrado diciembre, como ocurrió en otras oportunidades.
De darse, este último período presidencial podría ser la «puerta grande» que, con sus tiempos y sin someterse a la imposición de cronograma alguno, Gutiérrez atraviese el año que viene. Paso que ya dieron María Angélica Gastaldi y Mario Netri, y al que Spuler fijó fecha para septiembre.
No lo hicieron Gutiérrez, ni Falistocco. En ambos casos (como en los demás mencionados), superan la edad de 75 años que la actual Constitución Provincial pone como tope, y que la gestión Pullaro esgrime como argumento para propiciar la renovación.
El efecto Casiano
La carta de la reforma remite a un conflicto jurídico-institucional (más o menos) dirimido en 1999, cuando la Corte Suprema de Justicia de la Nación declaró inconstitucional el artículo de la Carta Magna santafesina que fijaba en los 65 años la edad tope a la garantía de inamovilidad judicial, mientras que la nacional lo estableció en 75. Lo hizo en el fallo «Casiano Iribarren».
En los hechos, esto dejó un vacío legal, que distintos intereses llenaron de manera divergente: sea pretendiendo que se aplique en Santa Fe el tope de la Constitución Nacional, o bien arguyendo que, ante la inconstitucionalidad declarada y el federalismo imperante, en Santa Fe no había tope alguno. El vacío se subsanó con la reforma de este año, y así lo esgrimió el gobierno, ante los jueces que superaron esa edad.
Fuera de este universo se encuentra Erbetta, el último ministro designado antes del actual período de gobierno, y de las cuatro gestiones sucesivas (las tres socialistas y la última peronista) en las que se mantuvo exactamente la misma composición. Quien seguirá formando parte del tribunal, junto a los miembros ingresados este año: Jorge Baclini, Margarita Zabalza y Rubén Weder; y los que vayan a reemplazar llegado el momento a Gutiérrez, Falistocco y Spuler.
Modelos de gestión
En estos términos está planteada la reconfiguración del Tribunal, lo que incluye además la desvinculación del procurador general por efecto de la reforma constitucional. Y otro dato que sorprendió en la última semana, y que no es sólo un elemento más de esta renovación: también anunció su retiro el secretario general de la Corte, Eduardo Bordas.
El cimbronazo de este anuncio se vincula a que, por delegación de los ministros (en una acordada con voto mayoritario, pero no unánime), Bordas concentró en su momento las tareas de gestión, incluyendo contrataciones, manejo de recursos, y desarrollo de programas, como la informatización.
Por eso, los cambios que sucederán al alejamiento del funcionario van más allá de las improntas personales. El futuro secretario general tendrá menos atribuciones. Y puertas adentro de la Corte ya se trabaja en un rediseño de funciones, en un esquema de áreas diferenciadas, y roles más activos de los ministros.
Modos y tiempos
Este trabajo de reformulación interno se compadece con la reorientación reclamada de manera algo estentórea por el actual gobernador desde su mismo discurso de asunción, cuando habló del costo y la ineficiencia de la Justicia.
La fuerza de este concepto, y su correlato en la pretensión del paso al costado de los ministros más veteranos, gestionados por integrantes de elenco gubernamental con modos y tonos de discurso a veces más funcionales al conflicto que a la diplomacia, generaron tensiones y cruces verbales públicos o privados donde no faltaron los pases de facturas recíprocas.
Pasado el trance constitucional y la faena de la campaña electoral, el gobernador insistió con su planteo original sin restarle fuerza, pero tampoco reconocimientos. Un acercamiento conceptual que ya se había dado en la inauguración del año judicial con el discurso de Falistocco, aunque más no sea como un modo civilizado de dirimir lo que ineludiblemente resulta conflictivo.
Lo concreto es que, atravesada la línea del medio término de la gestión, con el aval de la reforma constitucional, la tormenta con el personal por el traspaso al Ministerio Público, la puesta en marcha de la cobertura de vacantes y una serie de reformas del funcionamiento del Poder Judicial impulsadas por el Ejecutivo y por la propia Corte, los tiempos corren distinto.
Temblores de transición
La renovación de la Corte también se encuentra en su término medio, y no sería correcto ni justo suponer (como pretenden algunos críticos poco rigurosos) que se encamina a una composición funcional al gobierno de turno. El perfil y la trayectoria de los ministros, y los acuerdos por los que fueron propuestos y elegidos, no es congruente con una pretensión de esa naturaleza.
En cualquier caso, el curso de esa renovación es suficiente para alterar la dinámica de funcionamiento interno y la toma de decisiones de gestión. Todo lo cual permite tener en claro que se trata de un proceso de transición hacia una nueva época de la Corte.
Una transición tan obvia e inevitable, como difícilmente favorecida por apresuramientos o palabras altisonantes. Y que va mucho más allá de los nombres propios, y también de los ministros.
