La Cámara Federal de Apelaciones de Comodoro Rivadavia dictó una resolución clave para la política ambiental argentina al revocar la medida cautelar que suspendía la Ley N.º 27.804 en la provincia de Santa Cruz. Este fallo responde de manera favorable a los planteos de la Procuración del Tesoro de la Nación. De este modo, la normativa vuelve a tener plena vigencia en todo el territorio provincial.
La ley en cuestión funciona como un marco complementario de la Ley N.º 26.639 de Presupuestos Mínimos para la Preservación de los Glaciares y del Ambiente Periglacial. La suspensión ahora anulada había sido dispuesta previamente por el Juzgado Federal de Río Gallegos. Dicha orden judicial respondía a un reclamo impulsado por legisladores nacionales y autoridades municipales de El Calafate.
Sin embargo, los camaristas desestimaron la decisión de primera instancia por considerar que carecía de la fundamentación necesaria para frenar una norma del Congreso. Según el tribunal, el fallo anterior se basó en conjeturas y eventualidades presentadas por los demandantes. Además, señalaron que la orden generaba implicancias confusas y excedía los límites territoriales del juzgado originario.
La Cámara también cuestionó con dureza la representatividad del Intendente de El Calafate y de los legisladores locales que iniciaron la demanda. Los jueces afirmaron de forma contundente que estos funcionarios carecen de legitimación para autoarrogarse la representación de todo el pueblo santacruceño. Esta postura debilitó el argumento central que sostenía la medida cautelar.
Por su parte, la Procuración del Tesoro celebró el fallo como un respaldo al modelo de federalismo de concertación ambiental. Bajo este principio, la Nación fija los estándares mínimos de protección y las provincias aplican las normas dentro de sus competencias. Finalmente, los abogados estatales recordaron que los jueces pueden controlar la constitucionalidad de las leyes, pero no reemplazar opciones legislativas por criterios personales.
