Con un mecanismo que se apoyó tanto en la votación por signos (a mano alzada) como en la consideración de 14 mensajes, que agruparon candidatos según los envíos propuestos por el Poder Ejecutivo, la Asamblea Legislativa prestó acuerdo por muy amplias mayorías o por unanimidad en la mayor parte de los casos, para 88 pliegos de jueces, fiscales y defensores.
El pleno de los diputados y los senadores provinciales contó muy cómodos números para la aprobación de los pliegos. Casi todos fueron votados por unanimidad, aunque siempre con abstenciones de un puñado de diputados opositores, tanto de izquierda, como de de derecha, según el caso.
La vicegobernadora Gisela Scaglia, como presidenta del Senado, condujo el debate que fue extremadamente ordenado y fluido, aunque tenso en el tratamiento de uno de los pliegos.
La presidenta de la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa, Lionella Cattalini, propuso la modalidad de la votación y la consideración de los 14 mensajes para agrupar los envíos.
Antes, la diputada socialista elogió el trabajo de la comisión bicameral, tanto de los legisladores que la integran como de los empleados que asisten al cuerpo de 12 miembros que se dividió la tarea de tomar semejante cantidad de entrevistas. Hubo un dictamen de acuerdo para cada uno de los propuestos, expresó la ex convencional que explicó que todos los propuestos por el Poder Ejecutivo contaron con la mayoría de las firmas de la comisión. No hubo dictámenes por la minoría en Acuerdos pero sí manifestaciones en contra en algunos pedidos de abstenciones para ciertos nominados e incluso votos en contra en los casos más sonados.
El consenso que permitió la aprobación de todos los envíos del gobernador Maximiliano Pullaro se resume en el voto positivo de los integrantes del frente Unidos para Cambiar Santa Fe y de los bloques opositores justicialistas, tanto en Diputados como en Senadores.
En disidencia
Por fuera de ambas bandadas mayoritarias, se abstuvieron en casi todos los casos y votaron en contra de unos pocos pliegos los integrantes del Frente Amplio por la Soberanía, que cuenta con tres miembros. Y en algunos casos puntuales, de la diputada Silvia Malfessi que fue la única integrante del bloque Somos Vida presente en la jornada legislativa. En general, coincidió con sus posiciones el diputado Juan Domingo Argañaraz (Inspirar).
El inusual número de 88 solo es comparable una cifra similar de 1985. Y esa lista se incluyen 36 jueces comunitarios en otras tantas localidades de toda la bota santafesina; 18 jueces penales; 19 fiscales, entre titulares y adjuntos para el Ministerio Público Fiscal; y otros seis pliegos para la justicia civil, comercial y laboral.
Posición
El bloque de izquierda FAP votó en contra del pliego de la nominación de Federico Martín Rébola que por muy amplia mayoría fue nombrado juez de primera instancia de distrito en lo penal en la Circunscripción Judicial N.º 2, de Rosario.
El diputado Fabián Palo Oliver acusó a Rébola de haber “mentido” a la Comisión de Acuerdos cuando en la Legislatura se ventilaron las acusaciones contra fiscales que actuaron como acusadores en la causa contra el senador provincial por San Lorenzo, Armando Traferri.
Para el ex intendente de Santo Tomé hubo “un entramado” de testimonios contra los fiscales Edery y Schiappa Pietra que provocó que ambos debieran dejar el caso del legislador que, en cuanto fueron separados de la investigación, pidió que se le retiren su fueros en los que antes de había cobijado. (Como se sabe ese tipo de protección de proceso ya no existe en la Constitución de Santa Fe reformada recientemente).
Mientras Palo Oliver desplegaba sus argumentos contra el otrora fiscal Rébola, ahora juez, el diputado mencionó al senador Traferri. Cuando el representante de San Lorenzo y ex convencional escuchó su nombre le hizo notar con un gesto similar a un simpático saludo pero sin inmutarse donde estaba sentado.
La Sesión Conjunta de ambas Cámaras de la Legislatura de Santa Fe aprobó un dictamen que considera “inadmisible” un recurso de queja presentado por el ex fiscal Alejandro Héctor Rodríguez que sostiene que fue “inconstitucional” el procedimiento en su contra.
Se trata de una presentación judicial de Rodríguez contra la Resolución 32 de ese cuerpo que lo removió del cargo, el 12 de junio de 2025.
Con algunas abstenciones, sin debate, ni votos en contra y por signos los senadores y diputados aprobaron el dictamen elaborado por la Comisión de Acuerdos de la Asamblea Legislativa que contiene el término “inadmisible” como respuesta formal a la queja planteada por el ex fiscal.
