La advertencia formulada por el gobierno santafesino de que los incrementos salariales a establecer por la vía paritaria estarán atados a la disponibilidad de recursos (cuya insuficiencia es a la vez la razón invocada como impedimento para pagar la actualización acordada en el acuerdo anterior) operó como traba a un proceso de discusión que se pretendía más fluido, y también como el disparador para una situación conflictiva con los gremios docentes y estatales.
«Yo me comprometo a que los salarios van a estar por encima de los niveles de inflación, si la recaudación está por encima de esa inflación», estableció el gobernador Maximiliano Pullaro, en una afirmación que supone un compromiso, pero también por la vía condicional establece un límite. Ese límite y esa condición dependen de las negociaciones que, en paralelo, están desarrollando los gobernadores y los legisladores nacionales de cada una de las provincias «dialoguistas» con el gobierno central, ofreciendo respaldo a las reformas estructurales que se alientan, pero contra garantía de que no se sustenten en el perjuicio a las finanzas de sus respectivas administraciones.
Por eso el rechazo cerrado al aumento de las retenciones (un gravamen no coparticipable, que perjudica a las economías regionales sin la menor contrapartida para las provincias) y a la vez el reclamo de que, si no vuelve el impuesto a las Ganancias, haya compensación por otras vías. Y también, que no se elimine el 30 % que las provincias reciben por el impuesto País, una de las cuestiones sobre las que se puso el foco en las últimas horas.
Compromisos
En ese escenario que lo tiene como uno de los actores protagónicos, Pullaro se apuró a celebrar el retiro del paquete fiscal (retenciones incluidas), con una frase que también funciona en doble sentido: «Nos va a permitir trabajar juntos en equilibrar las cuentas de la Nación y de las provincias y que este ajuste que tiene que venir a la Argentina no los paguen ni la producción ni los que menos tienen».
Horas antes, y como él mismo mencionó en esas declaraciones, el gobernador santafesino se había reunido con el ministro del Interior, Guillermo Francos, el persistente principal negociador de un gobierno que, en paralelo, se ufana de «no negociar». Pullaro presentó a Francos un paquete de medidas sugeridas para sustituir el aumento de retenciones y el ajuste de las jubilaciones. Y luego, en Cosquín, completó la idea diciendo que «ponemos nuestros equipos a disposición para encontrar los puntos intermedios y de esa manera que Argentina pueda salir adelante como todos esperamos».
Esa vocación por «salir adelante», en la que el equilibrio de las cuentas (resultante de pelear por los ingresos y contener los gastos) determina la política salarial de la provincia, tiene a su vez como paraguas la adopción de idéntico criterio por los demás mandatarios de la Región Centro. Incluyendo al peronista cordobés Martín Llaryora, otro «dialoguista» que comparte la cerrada puja por los recursos como un factor determinante del apoyo político y parlamentario.
En cifras
A caballo de esa lógica, el gobierno santafesino desplegó en las mesas paritarias los números que sustentan su política salarial. La encargada de exhibirlos fue la secretaria de Hacienda del Ministerio de Economía, María Belén Etchevarría: la inflación del año pasado fue del 215% pero el aumento de los recursos públicos fue del 123% (es decir, quedó un 92% por debajo). «A partir de septiembre los recursos cambian su pendiente y comienzan a decrecer de forma sistemática. Tanto es así que en la comparación interanual en diciembre, mientras los recursos crecen un 86,5%, la inflación lo hace en el orden del 215, 4%. Es decir que nuestros recursos quedaron 128,9 % por debajo en la comparación interanual con respecto al Indice de Precios al Consumidor (IPC)», advirtió.
Los gremios invocan la obligatoriedad del acuerdo paritario firmado con la gestión anterior, y el gobierno reconoce la legitimidad del planteo, pero lo confronta con una lógica que entiende inexpugnable. «El pedido de los docentes es legítimo, pero el problema que tiene Santa Fe es que se firmó una paritaria con un acuerdo al que habría que agregarle hoy un 36%», sostuvo el ministro de Educación, José Goity. Y completó: «Queremos ser claros, pero por sobre todo transparentes y honestos, y lo concreto es que bajo ningún concepto nos vamos a comprometer a algo que no vamos a poder cumplir».
Lógicas
Ese alarde de sinceridad tuvo recepción dispar en el sector estatal. Hubo mayor comprensión, como es habitual, en los gremios de la administración central, UPCN y ATE, que aún así se aseguraron de dejar en claro que no resignan ningún reclamo: «Insistimos en hacer todos los esfuerzos necesarios para tener un acuerdo que beneficie a los trabajadores y que sea posible de cumplir para la provincia», dijo Jorge Molina, luego de la reunión de este lunes. Marcelo Delfor, en tanto, apostó al diálogo para «construir una propuesta salarial que tenga en cuenta la situación crítica de la provincia y las necesidades de los trabajadores».
También acorde al temperamento tradicional, los sindicatos docentes Amsafe, Sadop y UDA mostraron mayor reticencia a aceptar los argumentos gubernamentales, y adelantaron la posibidad de formular presentaciones judiciales por el incumplimiento de la paritaria; que quedarían habilitadas transcurrido el quinto día hábil del próximo mes, y una vez verificado el no pago de los incrementos. Mientras tanto, se aguardaba una nueva convocatoria a reunión, que hasta el momento no se produjo, acaso a la espera de novedades permitan imaginar algún tipo de avance.
El panorama que se presenta es conflictivo, y se definirá por efecto del retraso o la recuperación salarial de los agentes del Estado que pueda darse en lo inmediato y en los próximos meses. Y ésto, a su vez, como ya el propio gobernador se ocupó de dejar en claro, está cifrado en cómo queden paradas las finanzas provinciales luego del intenso tironeo por los recursos con la Nación. Un juego en el que, si sale bien, todos ganan. Pero que no ofrece garantías.
