La pobreza multidimensional urbana en el país ascendió en el tercer trimestre de 2023 al 44,7% del total de la población y al 62,9% de los niños y adolescentes, de acuerdo con el informe dado a conocer por el Observatorio de la Deuda Social Argentina (ODSA) de la Universidad Católica Argentina (UCA).
Asimismo, la indigencia alcanzó al 9,6% y la calidad de empleo cayó a los niveles más bajo de la serie que el ODSA mide desde 2004, con un 33,1% de la población económicamente activa mayor de 18 años en condición de desempleo (8,8%) o de subempleo inestable (24,3%).
Las cifras de la nueva medición reflejan un crecimiento de los índices respecto al mismo trimestre de 2022, cuando la pobreza llegó al 43,1% y la indigencia al 8,1%.
«Fin de ciclo»
El director del Observatorio, Agustín Salvia, indicó que para 2024 «se abre un escenario en el que la pobreza va a seguir aumentando, no de manera explosiva, sino en niveles similares al crecimiento que tuvo en los últimos dos años», en un contexto que, como anticipó el presidente electo Javier Milei, coexistirán «una dinámica de alta inflación con el estancamiento económico».
«Estamos en presencia de una crisis que marca un fin de ciclo, gobierne quien gobierne», sentenció en una rueda de prensa, en referencia a las dos décadas iniciadas en la «posconvertibilidad» en el que «se apostó más al equilibrio social fomentando el consumo que al crecimiento económico priorizando la inversión».
La síntesis de ese proceso fue «un comienzo que fue próspero, a lo que le siguió un período de estancamiento y finalmente entró en franca decadencia», señaló y aseguró que «si esto sigue así, aumentarán los pobres a costa de una reducción de las clases medias».
Sobre sus expectativas acerca del futuro gobierno de Milei, advirtió que en el corto plazo habrá «un ajuste en los precios relativos» que incidirá negativamente en los niveles de pobreza e indigencia, mientras que en el mediano y largo plazo «no se sabe a dónde va a llegar, pero si es exitoso tiene la potencialidad de crecimiento».
Salvia sostuvo que «en el proceso, habrá una puja distributiva muy importante y los sectores más vulnerables deberán ser cuidados».
«Hay un consenso que algo se está haciendo muy mal y hay que cambiarlo», aseguró y precisó que «si esto sigue así, habrá un aumento de nuevos pobres por descenso de clase medias bajas, pobreza más estructural y mayor dependencia de los pobres extremos y las clases bajas de la asistencia pública».
«Estructural, crónica y persistente»
Por otra parte, el ODSA espera un «desarrollo de estructuras defensivas por parte de las clases medias empresarias», además de un «crecimiento del trabajo informal y de la economía social de subsistencia con mayor autoexplotación familiar y deterioro de la salud, la educación, el hábitat, la seguridad y el acceso a la Justicia de los sectores pobres».
«Desde hace mucho tiempo que la economía argentina no garantiza un crecimiento estable y prolongado de manera sostenible», acotó e indicó que «durante los últimos 23 años el crecimiento promedio per cápita apenas fue del 0,73% anual, claramente deficitario para atender deudas sociales históricas».
El resultado de ese bajo crecimiento es que «ciclo tras ciclo la sociedad argentina viene acumulando una pobreza estructural, crónica y persistente, con brechas de desigualdad que ponen barreras a los acuerdos sociales y políticos», manifestó Salvia.
Además, destacó la contención que representa la asistencia social y financiera para evitar un incremento aún mayor de los índices de pobreza e indigencia.
«La pregunta no debe ser por qué hay tanta pobreza sino por qué no ha sido superior, en un contexto de alta inflación y precariedad en el empleo», agregó.
Qué pasa si se quita la asistencia
Al respecto, el ODSA presentó un ejercicio de simulación en el que estiman a cuánto ascenderían la pobreza y la indigencia sin algunas de las asistencias estatales: la tasa observada de 9,6% para la indigencia treparía al 17,1% sin la Asignación Universal por Hijo (AUH) y otros programas, al 20,1% si además se excluyeran las pensiones no contributivas y al 11,3% sin bonos extraordinarios, en tanto el 44,7% de pobreza ascendería al 47,9%, 49,1% y 46,6%, respectivamente.
«El 35,9% de los hogares recibió alguna asistencia social en 2023, esto representa alrededor del 46,7% de las personas dentro del universo analizado», precisó el Observatorio, que subrayó que «la asistencia social adquiere mayor relevancia en los estratos más bajos, con déficits educativos, en condición de pobreza y/o inseguridad alimentaria, así como en el conjunto de unidades domésticas con presencia de niños y niñas».
A diferencia del Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), que mide la pobreza por ingresos, la medición del ODSA comprende seis dimensiones: alimentación y salud, vivienda digna, acceso educativos, acceso a servicios básicos, acceso a un medio ambiente saludable y empleo y seguridad social.
