La primera semana hábil de noviembre pone en marcha un calendario de transformaciones estructurales fraguado al calor de los resultados electorales, templado al amparo de una sucesión de reuniones de alto nivel político e institucional, y que se verá sometido a una intensa sucesión de presiones y dilataciones, en plena ebullición de cara al recambio parlamentario.
Las fechas claves son las del recién pasado 26 de octubre, cuando La Libertad Avanza protagonizó una victoria electoral inesperada por su alcance y expansión, y el 10 de diciembre, cuando ese resultado se traduzca efectivamente en un parcial relevo de los miembros del Congreso de la Nación, en marcado beneficio del oficialismo.
En el interín, quedó habilitada una acelerada secuencia de escenas que se reeditan, círculos que se cierran y puertas que se abren, no exenta de paradojas, ni de riesgos. Y una hoja de ruta atravesada por vías troncales, bifurcaciones, colectoras y rotondas.
Cara a cara
Varios de esos trazados y articulaciones temporales confluyeron el jueves 30, cuando el presidente Javier Milei se reunió con gobernadores. En primer lugar, ejecutó la acción prometida el mismo domingo 26, minutos después de conocerse el resultado electoral: (re)habilitar el diálogo político, lo que incluye modificar las reglas de urbanidad, cuyo desprecio convirtió en una marca de estilo y una impronta de gestión.
En segundo término, trazó una línea divisoria a la extensión de esta nueva impronta. Del otro lado de ella quedaron los mandatarios más representativos del kirchnerismo, incluyendo al inesperadamente derrotado gobernador de Buenos Aires, sin que importara a tal efecto que se trata del distrito que concentra al 40 % de la población del país. “Voy a gobernar para los 47 millones de argentinos”, prometió Milei. Y aclaró: “Los que me votaron y los que no me votaron”. Compromiso será puesto a prueba en los próximos dos años de mandato, pero que al parecer no aplica a la selección de interlocutores, como se ocupó de aclarar luego el siempre vocero y ahora jefe de Gabinete Manuel Adorni.
«Esta administración va a trabajar con todos los gobernadores independientemente de las identidades políticas y con el Congreso nacional para impulsar cada una de las reformas que necesitamos», resumió el funcionario, que en buena medida pasará a ser responsable de que ambas cosas ocurran.
La reunión con gobernadores habilitó, justamente, una paradoja anidada en tiempos de recambios y virtual relanzamiento de gestión (una segunda etapa cuya denominación no parece ser una formalidad o un eufemismo). Horas después de su realización, dimitía de su cargo Guillermo Francos, quien era el que la había convocado. Y su salida se conocía en simultáneo con el (re) encuentro entre Javier Milei y Mauricio Macri, que también él había convocado. El reemplazo del más dialoguista de los miembros del gobierno (cordial, atento, considerado, cortés, cumplido, educado, solícito y servicial, diría Serrat) se da justo en el momento en que la amabilidad promete desplazar a la intemperancia en los modos de relación política. La paradoja final.
Los participantes del encuentro, en una versión ampliada del a medias fallido Pacto de Mayo firmado en julio de 2024, aseguran que no se trató solamente de una foto, ni de un simple gesto simbólico (aunque los símbolos cuentan, claro está). “Fue una buena reunión”, resumió el santafesino Maximiliano Pullaro, quien durante la campaña electoral reclamó enfáticamente respaldo para el sector productivo y un mejor trato para las provincias, y que en algún punto sufrió destratos desde el oficialismo nacional.
Agendas entrecruzadas
La lógica de campaña parece haber sido desplazada en la nueva instancia abierta, y el mandatario santafesino confirmó objetivos en común entre el Ejecutivo nacional y sus pares provinciales: lograr que finalmente la Argentina tenga una ley de presupuesto votada por el Congreso, y avanzar con reformas en las órbitas laboral, previsional, tributaria y penal.
Los gobernadores plantearon el respaldo al equilibrio fiscal como parámetro del presupuesto, y se mostraron dispuestos a discutir las reformas impulsadas. Así, las coincidencias son plenas en el “qué”, pero eventualmente podrían diluirse en el “cómo”.
A efectos de gestionar esas propiciadas prendas de unidad, llevaron su propia agenda: el reclamo por las deudas de las cajas previsionales (una cuestión que gana dimensión y velocidad en la Corte Suprema); el reparto de los Aportes del Tesoro Nacional (ATN); los cambios al Impuesto a los Combustibles Líquidos; la reactivación de las obras de infraestructura; la autorización de préstamos multilaterales y medidas apuntadas al desarrollo para “levantar” la economía.
En particular, algunos gobernadores pidieron acelerar las obras en las rutas nacionales, a los que el nutrido y representativo grupo de funcionarios participantes respondió que ya comenzaron algunas refacciones y se está por licitar la concesión de unos 9 mil tramos viales.
Todo quedó apuntado para nuevas reuniones y comunicaciones grupales o individuales, que el gobierno nacional pretende convertir en una práctica sostenida (incluyendo aumentar la frecuencia de visitas presidenciales a los territorios). Y, al mismo tiempo, y mientras las versiones y filtraciones sobre posibles términos, se comprometió a enviar durante esta semana las propuestas de reforma a cada uno de los despachos, y allí se pondrán en marcha los mecanismos que demoren o aceleren los cambios, en incluso determinen exactamente en qué vayan a consistir.
El presupuesto es otra cuestión, y aquí también el tiempo se convirtió en un factor determinante. Mientras el gobierno aspira a tratarlo en extraordinarias, con la nueva y más propicia conformación del Congreso a partir del 10 de diciembre, la oposición apura un dictamen en Diputados para el próximo martes 4, con la idea de llevarlo al recinto y al Senado antes de la fecha de corte, y asegurarse de esa manera de que estén incluidas allí las previsiones originalmente estipuladas en las leyes vetadas por el Presidente, para universidades, jubilaciones y discapacidad.
Santa Fe recalcula
En Santa Fe, en tanto, y en consonancia con los plazos del nuevo texto constitucional, el Ejecutivo envió a las cámaras el proyecto de presupuesto 2026, que también se basa en el concepto de déficit cero (en rigor, un leve superávit) y la eficiencia en el gasto, para generar ahorros que se vuelquen a la inversión en infraestructura. El diseño presentado por el ministro de Economía Pablo Olivares se ajusta a esos parámetros, con el contexto de indicadores nacionales que de momento parecen estables, y el ajetreado contexto político no debería ser obstáculo para su aprobación sin sobresaltos en la Legislatura.
En ese sentido, parece tener fuerza la evaluación pos electoral que hizo el gobierno santafesino, incluyendo a los partidos que integran la coalición gobernante: la nacionalización de la campaña se impuso a la lógica plebiscitaria de los comicios de medio término, el revés electoral sufrido por la propuesta de articulación federal contenida en Provincias Unidas no inhibe la necesidad de acuñar una iniciativa de ese tenor, y es factible orientar los esfuerzos a un esquema de gobernabilidad (como el que reclama EEUU en correspondencia con su apresurado salvataje financiero), en la medida en que apunte realmente a la búsqueda de consensos y mejore la distribución de recursos.
La experiencia no sustenta grandes expectativas al respecto. El voto indiscutiblemente mayoritario de los 47 millones de argentinos que (aún) esperan respuestas a la altura de ellas sí. Tal es la lógica de los próximos días y meses. El tiempo de la campaña electoral ya terminó, y volverá a llegará, una vez más, a su tiempo.
