En una jornada maratónica, la administración de Javier Milei obtuvo un respaldo político fundamental al conseguir la aprobación en el Senado del proyecto de modernización laboral. Con una votación de 42 afirmativos contra 30 negativos, el oficialismo logró imponer su agenda legislativa, orientada a flexibilizar el mercado de trabajo y reducir la litigiosidad, marcando su triunfo más significativo desde la aprobación de la Ley Bases en 2024.
Una mayoría heterogénea y el rol de los gobernadores
El triunfo oficialista se cimentó sobre una coalición diversa. A los 20 senadores de La Libertad Avanza se sumaron legisladores de la UCR, el PRO y una red de bloques provinciales que responden a gobernadores de signos políticos variados, como Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) e Ignacio Torres (Chubut), entre otros. Esta transversalidad permitió superar el rechazo en bloque del peronismo y el kirchnerismo, que bajo la conducción de José Mayans, denunció la inconstitucionalidad de la norma por considerar que vulnera derechos básicos protegidos por el artículo 14 bis.
Los ejes del cambio: Incentivos, despidos y huelgas
El proyecto, que ahora deberá ser ratificado por la Cámara de Diputados antes del 27 de febrero, introduce transformaciones profundas en el sistema laboral argentino. Entre sus puntos más destacados se encuentran la reducción de impuestos para el empleo formal, la fijación de topes a las indemnizaciones y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) para financiar despidos. Asimismo, la ley establece límites estrictos al derecho de huelga en servicios considerados esenciales y habilita los convenios colectivos por empresa, descentralizando la negociación salarial.
Negociaciones de último minuto y próximos pasos
El debate, que se extendió por más de quince horas, no estuvo exento de tensiones técnicas. A último momento, el oficialismo incluyó el traspaso de la justicia laboral a la Ciudad de Buenos Aires como un anexo y definió que el pago de sueldos solo podrá realizarse a través de entidades bancarias, excluyendo inicialmente a las billeteras virtuales. Tras el cierre encabezado por Patricia Bullrich, quien defendió la norma como una herramienta para terminar con una «legislación obsoleta», la iniciativa se encamina a su etapa final en la Cámara Baja con el objetivo de convertirse en ley en las próximas semanas.
