Con el apoyo de bloques aliados, el oficialismo obtuvo una holgada mayoría en la Cámara de Diputados para aprobar la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central. La iniciativa, calificada por el presidente Javier Milei como la medida legislativa «más importante» de esta etapa de su gestión, recibió 144 votos a favor, 102 en contra y 9 abstenciones, por lo que ahora será girada al Senado para su tratamiento.El núcleo del proyecto apunta a consolidar la política de «emisión cero» para frenar la inflación. Con el fin de cortar de raíz el financiamiento monetario, la ley prohíbe los adelantos transitorios al Tesoro Nacional, los créditos a las provincias y el uso de letras intransferibles, limitando además el reparto de utilidades de la entidad únicamente a las ganancias reales percibidas.
Cruces y argumentos en el recinto
El debate comenzó con la exposición de Santiago Pauli, presidente de la Comisión de Finanzas, quien defendió la reforma argumentando que busca evitar que el Banco Central «sea saqueado» o utilizado como «herramienta de hacer política». Pauli criticó que el organismo se hubiera transformado en «una extensión del Ministerio de Economía o del Poder Ejecutivo de turno», y afirmó que las restricciones a los préstamos y a la compra de títulos públicos en el mercado primario permitirán «volver a tener un peso fuerte» para recuperar el ahorro y la planificación a largo plazo.
En la vereda opuesta, el vicepresidente de la Comisión de Presupuesto, Itai Hagman, rechazó la medida señalando que intenta «blindar una política cuyos resultados no fueron los que el gobierno esperaba» y que beneficia a la especulación financiera con «tasas de interés usurarias». Hagman argumentó que la prioridad del Congreso debería ser el cierre de empresas y la situación de millones de familias endeudadas o en mora.
Por su parte, Miguel Ángel Pichetto (Encuentro Federal) manifestó su histórico rechazo a la rigidez económica al sostener que «la política está antes que la economía» y que el BCRA debe subordinarse al crecimiento del país y al rumbo del Ejecutivo. Asimismo, cuestionó la supuesta autonomía de la entidad atacando directamente a su titular: «Hablar de autonomía cuando el presidente del Banco Central (Santiago Bausili) es el socio de la oficina donde trabajaron junto al ministro de Economía (Luis Caputo)… tienen esa tarea de trader desde hace muchos años».
Desde el radicalismo se sumaron voces a favor del proyecto. Guillermo Agüero destacó que la reforma dota al BCRA de independencia al fijarle un mandato único y terminar con los adelantos o las utilidades ficticias por tipos de cambio que deterioraron la moneda. «Cuando se le exige un mandato múltiple (moneda, empleo, crédito y Tesoro) no termina cumpliendo ninguna función», afirmó. En sintonía, su par de bloque Lisandro Nieri respaldó la concentración de metas: «Países que ya superaron la inflación pueden buscar el desarrollo o el empleo, pero nosotros debemos primero sepultar ese flagelo». El mendocino concluyó que la solución de fondo es «no gastar por sobre nuestras posibilidades».
Finalmente, Maximiliano Ferraro (Coalición Cívica) reconoció la envergadura de la reforma debido al contraste con los últimos 20 años de historia económica, aunque advirtió que la norma no blinda por completo a la institución. «Sigue existiendo la posibilidad de que se dicten Decretos de Necesidad y Urgencia, como sucedió con el Fondo del Bicentenario, donde se manotearon reservas a través de un DNU», alertó.
Los puntos clave del proyecto
- Mandato único: Se elimina la multiplicidad de objetivos institucionales. La única misión del BCRA será preservar el valor de la moneda, reconociendo la inflación como un fenómeno puramente monetario causado por el exceso de oferta de dinero.
- Fin de la banca de fomento: Se quitan las facultades del Directorio para orientar créditos o establecer políticas crediticias diferenciadas, por considerarlas distorsivas e ineficaces para cuidar la moneda.
- Mayor estabilidad institucional: Se busca fortalecer la independencia de las autoridades del Banco Central elevando las exigencias para su remoción. Se requerirá el voto de las dos terceras partes de ambas cámaras del Congreso para remover al presidente y a los directores, protegiendo la conducción de los vaivenes políticos de los gobiernos de turno.
