La reforma laboral aparece como una de las apuestas fuertes del oficialismo, pero el escenario en el Senado presenta obstáculos que podrían demorar su tratamiento.
Entre los principales proyectos que el Gobierno impulsa en el Congreso está el Presupuesto 2026, que tiene un cronograma y que el oficialismo intentará sancionar antes de fin de año, con una composición legislativa mucho más favorable a la que tuvo en sus primeros dos años.
El oficialismo intentará tratarlo en comisión esta semana, obtener dictamen y aprobarlo en el recinto, en un trámite que parece ser mucho más sencillo que el de una de las reformas clave que empuja La Libertad Avanza: nada menos que la reforma laboral.
En el caso de este proyecto, que siempre genera fuertes tensiones, el panorama no parece ser tan claro. La jefa de bloque de LLA en el Senado, Patricia Bullrich, quiere acelerar su tratamiento para terminar el año con un éxito: una reforma laboral aprobada, favorable al Gobierno. Un proyecto que está bien trazado, que no es radical ni extremo.
Pero la exministra de Seguridad tiene por delante múltiples obstáculos en el Congreso. Entre ellos, que ella será presidenta de la Comisión de Trabajo en la Cámara Alta, aunque todavía no están conformadas las comisiones.
Sumado a la advertencia de la oposición de que una reforma laboral afectará a millones de trabajadores, además de movilizar intereses cruzados como los de la CGT, los de delegados de base, los de los gremios y los de los empresarios.
Entonces, el planteo de este sector es: “¿Para qué apurarse?“. En consecuencia, pedirán la opinión de unos cien expertos, cuando el proyecto de trate en comisión, lo que inevitablemente dilatará el tratamiento de la reforma.
Ese panorama de fondo complicaría los planes del oficialismo de tratar de lograr media sanción en el Senado antes de fin de año, en tan solo 15 días, con tiempos muy ajustados, y la Navidad en el medio.
En medio de la tensión entre el Gobierno y la CGT por la reforma laboral, el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, dijo que la ley, de sancionarse, se aplicará incluso sobre los contratos de trabajo existentes, en declaraciones a «Alguien tiene que decirlo», con Eduardo Feinmann.
La CGT aprovechó y salió al cruce: “Vieron, era los que decíamos nosotros, les van a bajar las indemnizaciones a los trabajadores en actividad. Es un sincericidio de Sturzenegger, que habló de más y reconoció que la reforma laboral aplicará a todos los contratos”. Aunque el funcionario no se equivocó, sino que dijo lo que es coherente con su visión de la reforma.
De esta manera, el Gobierno le dio a la central sindical otro argumento para salir a la calle en rechazo a la reforma. Aunque a la Casa Rosada no le molesta que los popes gremiales protesten, ya que considera que están muy deslegitimados.
El Gobierno igualmente puso puntos de máxima en el proyecto. Es el caso de los aportes solidarios a gremios, a los que mantiene pero les sacó la compulsividad, lo que rechaza la CGT, porque desfinancia a los gremios.
Entonces, surge la pregunta de si esta decisión del Gobierno fue para negociar y eventualmente luego quitar este punto de conflicto con los gremios, o si es para tensar la cuerda. Justamente esto genera resquemor en algunos empresarios, que temen que por tensar la cuerda se rompa y finalmente no haya reforma laboral alguna.
En el caso de que la reforma laboral tuviera efecto retroactivo, en caso de convertirse en ley, derivaría en miles de juicios, principalmente impulsados por la CGT, en un fuero adverso al Gobierno, en general muy vinculado con el kirchnerismo.
