En un giro determinante para las finanzas públicas, la Cámara de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York dictó una sentencia favorable al Estado argentino, revirtiendo la condena previa que obligaba al país a desembolsar más de US$16.000 millones. El litigio, originado por la expropiación del 51% de las acciones de YPF en 2012, representaba una de las mayores contingencias legales en la historia del país.
El tribunal revisor no solo alivió la carga financiera del Estado, sino que también ratificó que la petrolera YPF fue exculpada correctamente de responsabilidades legales durante el proceso de estatización llevado a cabo durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner. Este respaldo judicial contradice el fallo de primera instancia de 2023, donde la jueza Loretta Preska había determinado que Argentina violó los estatutos de la compañía al no realizar una oferta pública de adquisición (OPA) a los accionistas minoritarios.
Antecedentes y el rol de Axel Kicillof
La disputa legal, que se extiende desde 2015, tuvo su punto más crítico el año pasado. En aquel entonces, la justicia estadounidense consideró válidos los reclamos de los fondos que adquirieron los derechos de litigio, argumentando que el Estado argentino, bajo la estrategia del entonces ministro de Economía Axel Kicillof, ignoró las normativas de mercado al nacionalizar la empresa. Preska había sentenciado que la Argentina debía pagar la millonaria suma por el daño causado a los inversores que no fueron compensados según el estatuto de la petrolera.
El camino hacia la Corte Suprema
A pesar de este triunfo estratégico para la defensa argentina, el conflicto no está cerrado definitivamente. El fallo de la Cámara de Apelaciones puede ser recurrido, dejando a la Corte Suprema de los Estados Unidos como el último recurso posible para los demandantes. Si el máximo tribunal decide no tomar el caso, la sentencia actual quedará firme, consolidando un ahorro multimillonario para las reservas del país.
