La provincia de Santa Fe prevé, en el proyecto de presupuesto provincial 2026, recibir de la Nación, una partida de $240 mil millones del Fondo de Financiamiento de la Caja de Jubilaciones y Pensiones (Anses). Pero el proyecto de ley nacional del presupuesto reconoce que este año, por esa obligación nacional, la Casa Rosada envió “cero” pesos, lo mismo que prevé remitir el próximo año.
Por Decreto de Necesidad y Urgencia 280/2024, Nación dejó de expedir las compensaciones a 13 provincias que no transfirieron sus cajas pero que siguen sufriendo descuentos de coparticipación para financiar a la Anses, que asume las jubilaciones de 11 distritos que sí se desentendieron de sus cajas en los ‘90.
A junio de este año, los incumplimientos nacionales con Santa Fe acumularían cerca de $1,4 billones. El ministerio a cargo de Pablo Olivares está obligado a incluir la partida nacional en su cálculo de recursos, pero está claro que la remisión de los “anticipos” nacionales dependerá de la negociación que los gobernadores lleven adelante con el ministro del Interior, Diego Santilli.
Eso sin perjuicio de la causa que Santa Fe tiene activa ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación. En junio hubo una audiencia de conciliación en la que las partes quedaron lejos de un entendimiento. La demanda fue iniciada en diciembre de 2023, en la agonía de la administración Perotti.
Con menos recursos que les pertenecen pero no reciben, las provincias que no transfirieron sus cajas padecen además otras distorsiones, según revela un informe del Ieral/Fundación Mediterránea.
“Si estas jurisdicciones hubieran transferido sus cajas, el ahorro corriente medido como proporción de los ingresos corrientes hubiera sido entre 6 y 8 puntos porcentuales más alto. Esta situación viene reduciendo sustancialmente su capacidad para financiar inversión en infraestructura”, expone el reporte.
Y añade que “a la carga financiera se suma una asimetría en las contribuciones patronales: las provincias con cajas transferidas soportan una carga menor gracias a un régimen de alícuotas reducidas (Res. 4006-E de AFIP), a diferencia de las provincias no transferidas, lo que agrava la desconfiguración del régimen federal”.
Simulación sin disimulos
Desde 2016, por ley 27.260, el Estado Nacional debe cubrir anualmente el déficit que resultaría de simular la aplicación de las normas del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) sobre los sistemas provinciales.
La simulación incluye aplicar las alícuotas nacionales de aportes y contribuciones, así como la normativa nacional para determinar el monto del haber inicial, tope y movilidad de las prestaciones. Sin embargo, a partir de 2024 (el decreto referido) se suspendieron los giros de anticipos a cuenta del déficit.
Entre Ríos y Córdoba han accedido a acuerdos parciales y provisorios. Pero incluso estas provincias podrían ver afectados sus recursos de origen nacional a la luz del proyecto de presupuesto de 2026, que sólo prevé recursos por $122.763 millones para cubrir la obligación nacional por las cajas no transferidas.
Según el Ieral, este valor nominal es aproximadamente la mitad del contemplado en el proyecto 2025 y se basa en déficits simulados por ANSES que datan de 2017 a 2020, sin actualización. Esto implica una licuación «enorme,» cubriendo apenas una fracción ínfima (aproximadamente el 4%) del monto anual que debería transferirse.
Condicionamiento Imposible
Señala el Ieral que el proyecto nacional condiciona la recepción de anticipos a la determinación del déficit del año 2021 o posterior. Dado que la ANSES no ha avanzado en estas simulaciones, ninguna provincia cumpliría los requisitos para recibir transferencias actualizadas, a pesar de haber aportado la información necesaria.
Así, el proyecto de Casa Rosada mantiene la eliminación de la actualización automática de los anticipos que estaba prevista en el presupuesto de 2023, lo que «desnaturaliza el mecanismo» en un contexto de alta inflación.
La propuesta del Ieral
Para el instituto de la Fundación Mediterranea, dado que las cajas provinciales representan aproximadamente el 20% del gasto total de la previsión social y son un factor altamente desestabilizante para las finanzas provinciales, el Presupuesto 2026 debe generar las condiciones para un rápido ordenamiento.
Recomienda en esa línea volver a la regla de 2023, restableciendo la norma que obliga a la Nación a remitir a las cajas provinciales la doceava parte del último déficit simulado por la ANSES (los llamados anticipos, que Santa Fe calcula en $240 mil millones), actualizado por movilidad previsional.
Para eso el Ieral señala la necesidad de una partida presupuestaria nacional “sustancialmente más alta”. Sugiere establecer además la contribución patronal de las cajas transferidas al mismo nivel que se aplica a los empleados públicos nacionales.
Además señala la posibilidad del uso del Fondo de Garantía de Sustentabilidad para pagar la deuda a provincias como Santa Fe. “La normalización del tratamiento de las cajas no transferidas es un desafío estratégico que demanda un esfuerzo financiero importante, justificado en términos de equidad y solvencia financiera, ya que evita seguir acumulando deudas y juicios contra la ANSES”.
