Un reciente informe del Comité Nacional para la Prevención de la Tortura (CNPT), presentado en enero de 2026, revela una situación crítica en el sistema penitenciario argentino. Por primera vez en la historia, el país alcanzó la tasa de encarcelamiento más alta de su cronología, con un registro de 121.443 personas privadas de la libertad al cierre de 2024.
Esta cifra representa una tasa de 258 detenidos por cada 100.000 habitantes, consolidando una tendencia alcista que solo se vio interrumpida durante la pandemia de 2020.
Las provincias con mayor presión penitenciaria
El fenómeno no es uniforme, pero cinco jurisdicciones superan con creces la media nacional:
- Córdoba: Lidera el ranking con 377 detenidos cada 100.000 habitantes.
- Mendoza: 308.
- Buenos Aires: 305.
- Santa Fe: 286.
- Salta: 267.
Llamativamente, Santa Fe es la provincia con el crecimiento más explosivo de la última década, incrementando su población carcelaria en un 244,8%, seguida por Santiago del Estero y Córdoba.
Sobrepoblación y déficit de infraestructura
A pesar de que provincias como Buenos Aires, Jujuy y Tucumán han ampliado sus plazas, el ritmo de encarcelamiento (que creció un 7,1% en el último año) supera cualquier obra edilicia. Actualmente, el sistema funciona con un hacinamiento del 130,2%, lo que significa que hay 30 personas excedentes por cada 100 plazas disponibles.
Desde el Comité Nacional para la Prevención de la Tortura advierten que la creación de nuevas cárceles suele absorber a detenidos de comisarías, pero no logra reducir el flujo de ingresos en el ámbito policial, que apenas logra estabilizarse.
Situación procesal y tipos de delitos
El informe detalla que el 62% de los internos ya cuenta con condena, mientras que el 37,3% permanece bajo proceso sin sentencia firme. Sin embargo, hay contrastes extremos: mientras en Neuquén el 99,6% está condenado, en provincias como Formosa o Córdoba casi la mitad de la población carcelaria aún no tiene una sentencia definitiva.
En cuanto a las causas del encierro, el mapa delictivo se distribuye de la siguiente manera:
- Delitos contra la propiedad: 36,4% (el motivo principal).
- Delitos contra las personas: 21,7%.
- Delitos contra la integridad sexual: 20,5%.
