El Proyecto de Ley de Presupuesto Nacional 2026 proyecta que el gasto social representará el 73% del gasto público total, consolidando la centralidad de este componente en las finanzas públicas. Las erogaciones previstas aumentarán a un ritmo similar al crecimiento del Producto Interno Bruto (PBI), lo que denota una marcada inercia respecto a los dos años anteriores.
El análisis, realizado por el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de Fundación Mediterránea, bajo la dirección de Osvaldo Giordano, subraya que la principal debilidad del proyecto es la postergación de un ordenamiento integral del gasto, al no estar acompañado por una agenda complementaria de reformas estructurales, particularmente en el sistema previsional.
El texto remitido a Diputados no incorpora una agenda de reformas estructurales, en especial la previsional. “Romper con esta inercia del gasto social es el principal desafío para sostener el equilibrio fiscal en el mediano plazo”, sistiene el texto de la entidad encabezada por Giordano, quien aplicó los cambios en Córdoba como ex ministro y asesoró en la emergencia previsional santafesina.
Según el análisis, los aumentos se concentran en salud (+17%) y educación universitaria (+8,5%), aunque el proyecto no incorpora el impacto fiscal de leyes recientes que amplían el gasto (discapacidad, pediatría y financiamiento universitario).
Estructura del Gasto y Seguridad Social
Dentro del gasto en servicios sociales, la seguridad social es el componente más importante y explica el 57% del presupuesto nacional y el 78% del gasto en servicios sociales. Este segmento incluye las prestaciones previsionales (jubilaciones y pensiones), asignaciones familiares (AUH) y seguro de desempleo.
Para 2026, el presupuesto proyecta que el gasto social total se mantendrá en niveles similares a los de 2025 en términos del PBI, aunque con pequeñas redistribuciones internas. Se espera un incremento de las erogaciones en Seguridad Social del 5% por encima de la inflación, manteniendo su proporción estable respecto al PBI.
Salud y discapacidad
La función Salud registra el mayor crecimiento proyectado, con un aumento real del 17%, impulsado por hospitales nacionales, transferencias al PAMI y partidas de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS).
o obstante, el presupuesto total de ANDIS muestra una reducción real del 4% en 2026, acumulando una pérdida real del 23,9% desde 2023 y alcanzando el valor más bajo medido en términos del PBI desde la creación de la agencia. Este ajuste se concentra en las pensiones por invalidez laboral, previendo una reducción del 13% y una disminución de 153 mil beneficiarios.
Además, las proyecciones son inconsistentes, ya que no contemplan el impacto de la Ley 27.793 (emergencia sanitaria en discapacidad), cuya aplicación, según estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), podría implicar la incorporación de entre 493 mil y 946 mil nuevos beneficiarios, con un costo fiscal estimado entre 0,25% y 0,48% del PBI.
Educación y Universidades
El componente Educación y Ciencia y Técnica aumenta por encima de la inflación, con un crecimiento destacado del 12% en becas estudiantiles. Las transferencias corrientes a universidades nacionales proyectan un aumento real del 8,5%, recuperando parcialmente caídas previas, aunque el gasto real se mantiene un 28% por debajo del nivel de 2023.
Una fuente de inconsistencia importante es que el Proyecto de Ley es que no incorpora los costos adicionales que implica laLey de Financiamiento Universitario N° 27.795,recientemente sancionada por el Congreso al rechazar el veto presidencial.
Transferencias de Ingresos
Se observa una fuerte expansión de la Asignación Universal por Hijo (AUH), cuyas erogaciones aumentan un 86% en términos reales entre 2023 y 2026. Sin embargo, el Proyecto de Ley de Presupuesto 2026 contempla la derogación de la actualización automática de estas prestaciones (Artículo 73).
La persistencia de amplias diferencias entre la AUH (no contributiva) y las asignaciones familiares contributivas distorsiona el sistema y desincentiva la formalización laboral, al poner más incentivos en quienes no trabajas que en aquellos que lo hacen.
A pesar de las redistribuciones internas, el Proyecto reafirma la centralidad del gasto social. La ausencia de un ordenamiento integral del sistema previsional sigue siendo el principal condicionante del equilibrio fiscal de mediano plazo.
