Bajo el título de Plan de Reparación Histórica de los Ahorros de los Argentinos, el gobierno nacional presentó este jueves un paquete de medidas orientado a recuperar para el circuito formal de la economía los dólares que se guardan “en el colchón”.
El programa involucra la reducción de regímenes informativos que vigilan consumos, ahorros y gastos, y un paquete normativo que incluye un decreto y un proyecto legislativo para modificar los controles sobre los movimientos financieros. También se simplificará el régimen del Impuesto a las Ganancias
Antes de dar paso a los integrantes del equipo económico, liderado por el ministro Luis Caputo, y por el titular de ARCA, Juan Pazo, más el titular del Banco Central, Santiago Bausili, el vocero presidencial, Manuel Adorni dijo que se «acabó la ridiculez» de que en Argentina «paguen justos por pecadores» y dio a conocer algunos detalles del «plan de reparación histórica de los ahorros de los argentinos».
Adelantó que el programa “se implementará en dos etapas: todo lo que el PE puede hacer, se aplicará a través de un decreto. La UIF (Unidad de Información Financiera) adecuará su normativa al nuevo esquema”.
Asimismo, añadió: «Segunda etapa: un proyecto de ley. Tenemos que hacer un cambio de chip para que el Estado respete. ´Tus dólares, tu decisión´. Lo tuyo es tuyo. Los argentinos vuelven a ser inocentes hasta que ARCA demuestre lo contrario».
«La Argentina es uno de los países que más se empobreció en las últimas décadas. También en el que más criminalizado está el ahorro», indicó y añadió: «Bajo esta triste realidad normalizamos prácticas ridículas».
También, expresó: «En un acto de locura de la política se decidió tratar a todos los argentinos como potenciales delincuentes. Es hora de terminar con esta gran hipocresía que tiene a los argentinos de rehén». «Se busca atraer a los argentinos de bien a la formalidad», dijo Adorni.
Menos controles
Por su parte, el ministro de Economía, Luis Caputo, dijo que se busca darle a la gente «la libertad de manejar sus ahorros».
El Gobierno sostuvo que el Estado tiene que «volver a confiar en la gente para recuperar la confianza y que el dinero circule libremente dejar de tratar a la gente como criminales por default».
En este marco, el titular de ARCA, Juan Pazo, anunció una serie de medidas destinadas a eliminar mecanismos de control fiscal que calificó como parte de una “exagerada burocracia”. Según dijo, el organismo “nombró más de 6.000 agentes, duplicó las regulaciones y lo único que consiguió fue reducir la formalidad e incrementar la informalidad”.
Una de las decisiones centrales fue la derogación de varios regímenes informativos. Entre ellos, se eliminó la obligación de informar las compras con tarjeta de crédito, débito y billeteras virtuales, así como el “Citi de los escribanos”, que obligaba a reportar todas las operaciones notariales. También dejaron de estar vigentes los reportes por compraventa de vehículos usados, pagos de expensas desde $32.000, publicaciones de venta de inmuebles y consumos de servicios públicos como electricidad, agua, gas y telefonía.
Además, ARCA prohibió a los bancos solicitar la declaración jurada de impuestos nacionales como condición para operar. En caso de que una entidad insista con ese requerimiento, las personas podrán negarse y recurrir a Defensa del Consumidor. Según Pazo, la medida busca proteger el secreto fiscal y eliminar prácticas que consideró invasivas e injustificadas.
La tercera decisión incluyó la modificación de los umbrales de los regímenes que se mantienen vigentes. A partir de ahora, los bancos sólo deberán informar transferencias y acreditaciones bancarias superiores a $50 millones en el caso de personas físicas y $30 millones para personas jurídicas. Para las extracciones en efectivo, el piso se elevó a $10 millones tanto para individuos como para empresas, en línea con “los estándares internacionales”.
Info a un clic
Finalmente, el titular del Banco Central, Rodolfo Bausili, dio cuenta de nuevas pautas para “reducir la carga burocrática de las personas que interactúen con las entidades del sistema financiero”, y a la vez “mejorar los servicios”.
Esto incluye “definir los parámetros para que la información se pueda compartir de manera segura”, y como y a quién quiera, liberando de la obligación de presentar declaraciones juradas “con mucha más información de la necesaria”, sino liberando el acceso a esos datos de manera digital y controlada.
