Una de las diez medidas anunciadas por Economía prevé que se «reducirán al mínimo» las transferencias discrecionales del Estado Nacional a las provincias. «Recursos que, lamentablemente, en nuestra historia reciente se han usado como moneda de cambio para intercambiar favores políticos», argumentó Luis Caputo.
De enero a octubre del presente año, Axel Kicillof recibió el 43,2% ($517.131 millones a valores corrientes) de esos fondos; Santa Fe apenas percibió el 4,2% ($50.681 millones). Chaco recibió 4,3% y La Rioja 4,45%.
Las cifras dan una idea de la magnitud de la discreción a la que refirió Caputo. Los fondos discrecionales no se reparten sólo por pautas objetivas de necesidades sociales o de obras; la impronta partidaria -Santa Fe no estaba en el radar de posibilidades del peronismo que dejó el poder- juega densidad en el «gobierno a sola firma», a voluntad del gobernante de turno.
En los 10 primeros meses de este año la cifra que ahora busca recortar la administración Milei es el equivalente a $1,2 billones a valores corrientes (habría que actualizar la cifra por inflación para determinar su impacto). Los datos surgen de un análisis pormenorizado que la consultora Aerarium lleva adelante todos los meses.
En esa cuenta están las ayudas del Tesoro Nacional, las obras nacionales en territorios provinciales, los subsidios a hospitales. A Santa Fe el recorte no le pegará fuerte, porque ya venía relativamente discriminada. Excepto por el hecho de que es en esa cuenta donde están los fondos por los cuales el gobierno central debe compensar parte del déficit previsional de cajas no transferidas.
En 10 meses, Santa Fe recibió $9.497 millones de la Anses. Y en noviembre la provincia fue a la Corte para reclamar actualizaciones que Walter Agosto -el ex ministro de Economía provincial- calculó en unos $90 mil millones. No son fondos «a discreción» sino obligaciones nacionales incluidas en la ley de Presupuesto y otras normas obligatorias.
Para evaluar la magnitud de ese recurso que la provincia no tiene -ni tendrá según se cumpla el anunció de Caputo- vale señalar que para Pablo Olivares, el ministro de Economía de Maximiliano Pullaro, el déficit previsional calculado antes de la devaluación, estaba en unos $130 mil millones, monto con alguna equivalencia con el rojo de todas las cuentas provinciales.
La «obligación nacional»
En los ’90, las provincias cedieron coparticipación para que Anses pague jubilaciones de provincias quebradas que le transfirieron sus cajas. Las que no lo hicieron -Santa Fe entre ellas- reciben compensaciones cuyos cálculos deben ser proporcionales al esfuerzo que Nación haría de haber asumido la obligación de pagar haberes en esas jurisdicciones.
Tras el consenso fiscal de 2017, el Decreto Nacional N° 730/18 aprobó el Régimen de Asistencia Financiera para las provincias cuyos regímenes previsionales no fueron transferidos. Desde entonces, en el presupuesto nacional se incluyen partidas para pagar una doceava parte (en cuotas mensuales) del déficit del ejercicio inmediato anterior, al que se suma un convenio de actualización. El último que firmó el organismo previsional con Santa Fe es de 2019; las actualizaciones que faltan son la razón por la que la provincia se presentó ante la Corte.
De las planillas de los informes de Aerarium surge que mientras Kicillof recibió fondos actualizados sin haber acordado un convenio (el último de Buenos Aires y Anses es de 2018), Santa Fe sólo cobró las cuotas y Córdoba ni siquiera eso.
