El gobierno nacional ha decidido eliminar los límites en el impacto de las tarifas de electricidad y gas natural en redes, anunciando nuevamente la eliminación de subsidios para los sectores de ingresos medios y bajos durante un período de transición entre junio y noviembre.
Actualmente, los hogares clasificados como N2 (los más vulnerables) y N3 (clase media) solo pagan entre el 6% y el 7% de lo que la Secretaría de Energía de la Nación considera como los «costos reales» de generación de kilovatios y metros cúbicos de consumo de ambos servicios.
Esta semana, mediante el decreto 465 firmado por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo, el gobierno implementa las políticas energéticas anunciadas en una audiencia pública poco después de asumir el cargo el 8 de enero, donde se explicaron los profundos cambios en la política energética.
En esencia, se trata de retirar el apoyo estatal que beneficia al 70% de los usuarios residenciales de ingresos más bajos. En cambio, los sectores industriales y comerciales, que ya pagan la tarifa completa desde fines del año pasado bajo la administración de Alberto Fernández y Sergio Massa, no se verán afectados por el aumento de tarifas debido a la eliminación de subsidios.
El decreto no especifica cómo se incrementarán las tarifas para los hogares de ingresos medios (N3) y los más vulnerables (N2) tras la eliminación de los subsidios, aunque ya se han aplicado aumentos en ambos servicios.
Sin embargo, el decreto elimina un tope establecido en 2022 que limitaba el impacto de los aumentos en función de los salarios y su evolución. Anteriormente, los usuarios N2 no podían ver un aumento anual en su factura superior al 40% del Coeficiente de Variación Salarial del año anterior, y para los usuarios N3, el límite era del 80%.
La segmentación de la demanda implementada por Fernández y Massa también incluyó límites de consumo para no subsidiar excesos, considerando factores estacionales. Ahora, bajo la administración de Milei y Caputo, se había propuesto una «Canasta Básica Energética» para luz y gas que la Secretaría de Energía, dirigida por Eduardo Rodríguez Chirillo, planeaba implementar para cada usuario que completó su declaración jurada ante el RASE, Registro de Acceso a los Subsidios de la Energía. Sin embargo, esto aún no se ha llevado a cabo.
El decreto de Milei sostiene que la «Canasta Básica Energética (CBE)» asegurará la cobertura del costo del consumo indispensable de energía para todos los hogares cuyo costo de la CBE supere un cierto porcentaje de los ingresos totales de los convivientes. La idea es que los usuarios paguen inicialmente la tarifa completa y solo reciban ayuda del Estado si no pueden.
Los considerandos del decreto explican que las ayudas se dirigirán a los hogares en condiciones de vulnerabilidad, teniendo en cuenta su ubicación, los recursos energéticos disponibles, el grupo conviviente y el impacto en sus ingresos totales. Un hogar se considera vulnerable cuando sus costos indispensables de energía superan el 10% de sus ingresos totales, aunque este parámetro puede ajustarse según el contexto nacional y el nivel de ingresos del hogar.
El proyecto de crear una CBE data del 29 de febrero, pero su implementación requiere una adaptación a la realidad de los hogares y del servicio en todas las jurisdicciones del país, así como una preparación de los usuarios para migrar del esquema de subsidios generalizados a uno de subsidios focalizados, lo cual aún no se ha desarrollado.
