El Fondo Monetario Internacional publicó hoy el informe de sus equipos técnicos, conocido como el “Staff Report”, correspondiente a la quinta y sexta revisión del programa que mantiene con la Argentina. En el documento, el FMI consideró que desde la última revisión la situación económica argentina se ha vuelto “cada vez más frágil, con episodios de mayor volatilidad del mercado que reflejaron, más recientemente, incertidumbres políticas”.
“Si bien la sequía histórica ha resultado en mayores pérdidas superiores a las esperadas en la producción agrícola, las exportaciones y los ingresos fiscales, la actividad no agrícola ha mostrado resiliencia, lo que refleja una demanda interna sólida, en parte gracias a resultado de desvíos políticos”, agregó.
Los técnicos destacaron que la inflación y las presiones externas se intensificaron mientras las reservas cayeron “a niveles peligrosamente bajos debido a la sequía y a un ajuste de políticas insuficiente”.
También expresaron que esas dos causas motivaron los “desvíos y retrasos” en la implementación de las políticas. Y se destacó que las tres metas establecidas para fines de junio “se perdieron por amplios márgenes”, en relación a los criterios establecidos para la acumulación de reservas netas en el Banco Central, el equilibrio fiscal primario y el financiamiento monetario del déficit fiscal.
Ayer, luego del desembolso de USD 7.500 millones aprobado por el directorio del Fondo el miércoles, la directora gerente del FMI, Kristalina Georgieva, señaló a través de un comunicado que la Argentina necesitará de mayores esfuerzos para cumplir con el programa, pidió “fuerte respaldo político” para el actual gobierno y el próximo, a la vez que apuntó a la reducción del déficit fiscal con foco en la reducción de subsidios.
“Para alcanzar el déficit fiscal primario acordado de 1,9% del PIB este año sigue siendo esencial apoyar la estabilidad económica y financiera. Los esfuerzos se centran en reforzar los controles de gasto con medidas iniciales dirigidas a actualizar las tarifas de la energía y contener los salarios públicos y las pensiones, sin dejar de proteger el gasto prioritario en programas sociales y en infraestructura”, señaló Georgieva.
