El proyecto de Ley de Libertad Educativa que comenzó a circular en ámbitos oficiales del Gobierno nacional encendió una fuerte alarma en el sector docente. Aunque todavía no fue presentado formalmente en el Congreso, desde los gremios advierten que su contenido implica un cambio estructural del sistema educativo argentino, con impacto desde el nivel inicial hasta la universidad.
En diálogo con Dame Radio (UNO 106.3), la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso, sostuvo que se trata de un borrador elaborado por un reducido grupo del denominado Consejo de Mayo y que vulnera las principales leyes que sostienen la educación pública en el país.
“Es una ley antiargentina, va en contra incluso de la Ley 1420 y de toda la historia del sistema educativo nacional y federal”, afirmó Alesso.
“Deja de ser un derecho para convertirse en una mercancía”
Según explicó la dirigente sindical, el proyecto propone derogar la Ley Nacional de Educación sancionada en 2006 por unanimidad, la Ley de Financiamiento Educativo y los estatutos docentes, además de eliminar el sistema de paritarias.
“Plantea borrar el rol del Estado como garante del derecho a la educación y reemplazarlo por una lógica de mercado, donde la educación deja de ser un derecho social y humano para transformarse en un servicio”, advirtió.
Entre los puntos más cuestionados, Alesso mencionó la implementación del homeschooling, el sistema de vouchers o subsidios a la demanda y la habilitación de ONGs, fundaciones privadas y alianzas público-privadas en todos los niveles educativos.
“Estas experiencias fracasaron en los pocos países donde se aplicaron, como Chile. No garantizan igualdad ni calidad, sino exclusión”, remarcó.
Impacto en docentes y familias
La titular de CTERA subrayó que el proyecto no solo afecta las condiciones laborales del sector docente, sino que impacta directamente en las familias, al debilitar el carácter universal de la educación pública.
“Se privilegia el lucro por sobre la igualdad. Se rompe el sistema que permitió que cualquier hijo de trabajador pudiera acceder a la escuela y a la universidad pública”, señaló.
También alertó que la iniciativa contradice incluso constituciones provinciales, como la de Santa Fe, que consagra la responsabilidad indelegable del Estado en materia educativa.
Un cambio “brutal” de modelo
Alesso vinculó la propuesta con la llamada “batalla cultural” del gobierno de Javier Milei y aseguró que forma parte de un paquete más amplio de reformas que incluyen lo laboral, previsional y fiscal.
“No son matices ni ajustes. Es un cambio brutal de modelo, que pretende desarmar 80 años de construcción educativa”, sostuvo.
En contraposición, defendió la necesidad de cumplir y fortalecer la legislación vigente, aumentar la inversión educativa —que hoy no alcanza el 6% del PBI establecido por ley— y abrir un debate plural sobre los desafíos actuales del sistema, especialmente en el nivel secundario.
Desde CTERA confirmaron que el gremio se sumará a la movilización convocada para el 18 de diciembre, junto a ATE, las CTA y la CGT, en rechazo al rumbo de las reformas impulsadas por el Gobierno nacional.
“No se nos convocó a ninguna instancia de diálogo ni de paritaria. Este proyecto se conoció por los medios y genera una enorme preocupación en toda la comunidad educativa”, concluyó Alesso.
