Arranca una semana con nuevas medidas de fuerza en los claustros de las casas de estudios superiores. Mientras se aguarda el inminente veto presidencial a la Ley de Financiamiento Universitario, votada recientemente, desde el sector docente nucleado en Conadu Histórica, ya convocaron a un paro de 48 horas para esta semana: jueves 26 y viernes 27.
También llamaron a movilizarse el 2 de octubre en la segunda Marcha Federal Universitaria. Estas medidas comprenden a los docentes de la Universidad Nacional del Litoral (UNL) que están representados por Adul.
Además, desde este lunes y hasta el viernes se realizará en todo el país una semana de visibilización de las demandas con volanteadas, conferencias, clases públicas, radio abierta y otras actividades.
Mesa y conferencia
Se aguardan novedades este martes de la mesa conjunta integrada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), junto con el Frente Sindical de Universidades Nacionales y la Federación Universitaria Argentina (FUA), que convocan a una conferencia de prensa a las 17.30 horas.
Allí se informarán «los pasos a seguir ante la coyuntura política y económica del sistema universitario público nacional». Podría surgir de ese ámbito el anuncio conjunto de la nueva marcha federal, que varios gremios ya vienen anticipando para el 2 de octubre.
Cabe recordar que la movilización a nivel país del pasado 23 de abril -que recibió el acompañamiento de todos los sectores- logró mover al Gobierno de su rígida posición, consiguiendo que efectúe un aumento de los gastos de funcionamiento de las casas de estudio.
En esta ocasión está en juego el veto a la Ley de Financiamiento Universitario que, de producirse en las próximas horas, queda aún la instancia en el Congreso de la Nación para resolver.
¿Qué dice la ley?
La ley propone declarar la emergencia presupuestaria del sistema universitario nacional para el año 2024, con el objetivo de “atenuar, ante el aumento de los costos de los bienes y servicios esenciales, el impacto que los mismos tienen para los compromisos salariales y los gastos de funcionamiento de todas las universidades nacionales”.
El costo fiscal de la norma es apenas de 0,14% del producto bruto interno (PBI), equivalente a $780.000 millones de pesos, una cuestión que es esgrimida por sus defensores.
Para los gastos de funcionamiento, la iniciativa propone actualizar las partidas del Presupuesto 2023 (prorrogado por el Gobierno de Javier Milei) según la inflación acumulada ese año y luego aplicar un incremento bimestral de acuerdo con la evolución del Índice de Precios al Consumidor (IPC), descontando los aumentos ya otorgados en lo que va del año.
El proyecto también encomienda al Poder Ejecutivo Nacional recomponer los salarios docentes y no docentes del Sistema Universitario Nacional, a partir del 1º de diciembre de 2023.
Con información de El Litoral
