El Poder Ejecutivo intentará una profunda reforma del Código Procesal Civil y Comercial de la provincia y para ello convocará a una comisión de trabajo que discutirá durante 180 días los cambios que deberían aplicarse para redactar el proyecto y remitirlo a las cámaras legislativas. "El objetivo es llegue a Legislatura antes de fin de año" dijo el ministro de Justicia y Derechos Humanos, Pablo Cococcioni a El Litoral.
No es el primer intento en producir un cambio en el Código que entró en vigencia a principios de 1962 y que fue teniendo reformas acotadas con el paso del tiempo. Pero durante las gestiones de Miguel Lifschitz y de Omar Perotti hubo intentos motorizados por las carteras de Justicia de avanzar, hubo convocatorias amplias para discutir la temática e incluso una media sanción en la Cámara de Diputados que no tuvo aval del Senado.
Ahora, Cococcioni firmó la resolución ministerial N° 0850 creando "en el ámbito del Ministerio la Comisión para la reforma del Código Procesal Civil y Comercial que tendrá a su cargo la elaboración de un anteproyecto de Ley de reforma integral del Código Procesal Civil y Comercial de la Provincia de Santa Fe".
En estos días, desde la cartera fueron enviadas las invitaciones a los diferentes actores que tomarán parte de la comisión para que designen a los integrantes más allá de que el Ministerio "podrá convocar personas de reconocido prestigio académico y profesional, llamar a audiencias públicas en los distintos departamentos y organizar jornadas de actualización y reforma del mencionado Código"
La Comisión redactora tendrá su sede y llevará adelante sus tareas y deliberaciones en dependencias del Ministerio de Justicia y Seguridad y contará con un plazo de 180 días corridos, prorrogable por un plazo máximo similar al otorgado, a partir de su constitución, para emitir el anteproyecto. Se aclara en la resolución que todas las designaciones serán ad honorem.
En los considerandos de la resolución se recuerda que el Código Procesal Civil y Comercial data del año 1962 "y recepta la influencia de legislación extranjera, como la Ley Procesal Civil Alemana y la Ley de Enjuiciamiento Civil Española" admite que "fue una norma innovadora para su época y, pese a que ha recibido algunas modificaciones aisladas, ha logrado perdurar y dar soluciones a través del tiempo en una provincia tan vasta y extensa como lo es la nuestra".
Reconoce los esfuerzos de gobiernos anteriores de avanzar con reformas e insiste en que "la actualidad impone un cambio de paradigma ante el proceso de "convencionalización del Derecho Privado", lo que acarrea una necesaria modificación del derecho procesal que resulta ser un instrumento indispensable para su efectivización".
La resolución firmada por Cococcioni destaca que en esta evolución, el derecho procesal ha ido acompañando los cambios y se ha servido de un sinnúmero de herramientas de creación pretoriana vinculadas con situaciones de urgencia y de tutela anticipada, que contempla todo un universo de vulnerabilidades. "La garantía del debido proceso conlleva el derecho de los justiciables de acceder a la tutela judicial efectiva de sus derechos" y acota que "este principio constitucional y convencionalmente previsto impone repensar las reglas procesales, pues prevé el desarrollo de un procedimiento que respete los principios básicos y las garantías fundamentales, toda vez que concluya en un fallo justo, razonable, proporcional y oportuno".
Adelanta el ministro que "resulta imprescindible implementar nuevas normas tendientes a la simplificación y estandarización de los procedimientos, los que, además, deben estar adaptados a las nuevas tecnologías" para lo que es necesario recepcionar voces de todas las personas interesadas en el quehacer de la justicia civil y comercial, conciliando posiciones jurídicas y filosóficas que puedan parecer antagónicas, aunque consolidada funcionalmente.
Afirma que la reforma tiene como finalidad de preservar la unidad, integridad y coherencia que implica como norma de fondo el nuevo Código Civil y Comercial Argentino, (Ley N° 26944) modificada por Ley N° 27077. "Es necesario tener en cuenta a las tecnologías informáticas y de comunicaciones, las que imponen pensar en una reingeniería de procesos para el siglo XXI, así como procurar mayor celeridad y oralidad en los procedimientos judiciales en la provincia. Los avances tecnológicos de los últimos tiempos han hecho surgir realidades que hacen necesaria su adaptación a los fines de lograr una mayor eficiencia y modernización en la tramitación de los procesos judiciales a través de los medios electrónicos, expediente digital, firma electrónica y digital, inteligencia artificial, blockchain como forma de registro y otras, por lo cual es oportuno contemplar el uso masivo las TIC y los avances tecnológicos se admitan en el futuro con las calidades y certificaciones de seguridad informática que sean necesarias", señala.
Para Cococcioni "el rediseño del derecho procesal santafecino constituye una política de estado transversal a todas las áreas de gobierno, considerándose oportuno convocar al Ministerio de Gobierno e Innovación Pública para que encabece conjuntamente la creación de la Comisión para la reforma".
Miembros
La comisión estará integrada por los ministros de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia y de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni; el secretario de Justicia, Santiago Mascheroni y el subsecretario de Reforma Judicial, Mario González Rais. Los lugares están reservados para el Poder Judicial y cuya designación recae en la Corte Suprema de Justicia y otros dos representantes del Colegio de Magistrados y Funcionarios del Poder Judicial más un representante del Sindicato de Trabajadores Judiciales.
Los colegios de abogados tendrán una silla por cada uno de ellos y cada cámara legislativa cinco integrantes. En tanto, se reservan sillas para las Universidades Nacional del Litoral, de Rosario; las Católicas de Santa Fe y de Rosario; la de Santiago del Estero con sede Rafaela, Universidad Siglo 21, Universidad del Centro Educativo Latinoamericano y Universidad Abierta Interamericana.
Sistema penal
Este jueves, desde las 9, en el Senado, la titular del Ministerio Público de la Acusación, María Cecilia Vranicich, presentará su primer informe anual acerca del funcionamiento del organismo. En este año, le corresponde a la Cámara Alta recibir dicho informe previsto en la Ley Orgánica del MPA.
En tanto, este miércoles, la defensora general, Estrella Moreno Robinson, expondrá ante la Comisión de Derechos y Garantías de la Cámara de Diputados que tiene bajo análisis un proyecto del radical Martín Rosúa para modificar un artículo reformado en diciembre del Código Procesal Penal de la provincia. Es el artículo 214 que refiere al control de legalidad de las detenciones preventivas. El tema tiene preferencia para este jueves en la Cámara de Diputados.
Con información de El Litoral
