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martes, 28 septiembre 2021

La Corte de Brasil le abrió una investigación criminal a Bolsonaro

El presidente brasileño deberá responder por el delito de prevaricato. Se sospecha que podo haber estado al tanto de un caso de corrupción en la compra de vacunas Covaxin y no lo denunció.

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El Supremo Tribunal Federal, la máxima corte de Brasil, abrió este viernes una investigación formal contra el presidente Jair Bolsonaro, quien deberá responder por el delito de prevaricato por supuestamente haber estado al tanto de un caso de corrupción en la compra de vacunas Covaxin y no haberlo denunciado a las autoridades judiciales.

La decisión fue publicada a las 22.30, durante el partido Brasil-Chile por los cuartos de final de la Copa América 2021, y ordena a la Policía Federal que se encargue de interrogar al presidente en el escándalo por sobrefacturacion de un contrato de vacunas indias contra el coronavirus.

La jueza de la corte Rosa Weber tomó la decisión luego de que la fiscalía general de la República pidiera la apertura de la investigación.

El caso tiene relación con la denuncia del encargado de importación de vacunas del MInisterio de Salud, Ricardo Miranda, hermano del diputado bolsonarista Luis Miranda, quien dijo haber recibido presiones por parte del ala política de la cartera para firmar rápidamente un contrato con 1.000 por ciento de sobrefacturación en la compra de vacunas Covaxin.

Los hermanos Miranda relataron bajo juramento a la comisión del Senado, que investiga al gobierno en su rol en la pandemia, que le avisaron a Bolsonaro del escándalo el pasado 20 de marzo, pese a lo cual el mandatario no hizo la denuncia que debía a la Policía Federal.

El contrato se interrumpió esta semana tras el escándalo.

La decisión de Weber ocurre horas antes de que este sábado, en más de 300 ciudades del país, la oposición se junte para reclamar la renuncia y el juicio político del presidente ultraderechista.

La solicitud había sido hecha al mediodía por el subprocurador general de la República, Humberto de Medeiros, y es el acto judicial más importante sobre corrupción vinculado al actual presidente.

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