En un movimiento que busca blindar los concursos judiciales de las urgencias partidarias, la Corte Suprema de Justicia presentó una propuesta de reforma integral para la selección de magistrados federales y nacionales. El proyecto, remitido al Consejo de la Magistratura, apunta a reducir el margen de maniobra política en la conformación de las ternas.
Una firma que marca la interna en el Máximo Tribunal
Un dato político no menor acompaña la presentación del texto: el proyecto normativo cuenta únicamente con las firmas de los ministros Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti. La ausencia del presidente de la Corte, Horacio Rosatti, en la rúbrica del documento, expone nuevamente las diferencias de criterio dentro del tribunal respecto a la relación con el órgano que selecciona a los jueces.
Blindaje técnico frente a la coyuntura
El eje central de la reforma es acotar la «arbitrariedad política». En un contexto donde La Libertad Avanza ha ganado protagonismo y reconfigurado las fuerzas dentro del Consejo de la Magistratura, los ministros buscan que el proceso sea más técnico y menos discrecional.
Los puntos principales del nuevo esquema proponen:
- Centralidad en el examen: Que la prueba de oposición sea el filtro determinante.
- Rigor en el puntaje: Establecer criterios objetivos de calificación para evitar que las entrevistas personales —donde suele tallar el acuerdo político— alteren injustamente el orden de mérito.
- Administración técnica: Fortalecer la transparencia y la rigurosidad en la gestión de cada concurso.
El camino hacia la implementación
La iniciativa ya fue elevada al Plenario del Consejo de la Magistratura para su debate. Además, como parte del protocolo de transparencia, se notificó del proyecto a todas las cámaras nacionales y federales del país, así como a los tribunales superiores de las provincias.
Sin embargo, el camino para su aprobación no será sencillo. Para que este nuevo reglamento entre en vigencia, el Consejo deberá alcanzar mayorías agravadas en su votación, lo que obligará a una negociación profunda entre los estamentos de los jueces, abogados, académicos y, fundamentalmente, el sector político.
