La Justicia procesó este jueves a Alberto Fernández por «negocios incompatibles con el ejercicio de la función pública» durante su mandato (2019-2023) por la causa Seguros, por la que podría enfrentarse a una pena de entre uno y seis años de prisión, además de la inhabilitación de por vida para ejercer cargos públicos.

La decisión la tomó el juez Sebastián Casanello, quien, además, procesó al broker Héctor Martínez Sosa y a su mujer, María Cantero, histórica secretaria del exmandatario, así como a varios exfuncionarios de Nación Seguros.

La causa se originó con la investigación de la contratación de seguros a través del Banco Nación con la intermediación de brokers cercanos al entorno de Fernández, entre ellos el de Martínez Sosa.

De acuerdo al magistrado, el expresidente -a quien se le aplicó un embargo por más de $14.000 millones– se involucró en el «plan de expansión de los negocios» de las empresas de Martínez Sosa con el Estado. En ese marco, entendió que Fernández impulsó «a los actores del mundo privado y exhibiendo públicamente que formaban parte de su entorno más íntimo, en un claro mensaje convalidante de sus acciones».

En tanto, Sosa fue procesado por ser considerado «partícipe necesario del delito de negociaciones incompatibles» y Cantero «por los delitos de negociaciones incompatibles e incumplimiento de los deberes de funcionaria«.

Se sumaron a la lista, de un total de 34 procesados, el extitular de Nación Seguros Alberto Pagliano, «por administración fraudulenta agravada y negociaciones incompatibles», y varios miembros que conformaban el directorio en aquel momento: Gustavo García Argibay, Sebastián Diaz Bancalari, Fernando Arana, Carlos Soria y Mauro Tanos.

Todos los implicados habían sido previamente indagados, acusados de «haber intervenido mancomunadamente en forma coordinada y funcional, aproximadamente entre diciembre de 2019 y diciembre de 2023, en un esquema de recaudación y distribución de fondos públicos por medio del irregular direccionamiento en la contratación e intermediación en seguros tomados por distintas reparticiones públicas en Nación Seguros», de acuerdo a la causa.

Además, por haber «operado en la contratación de seguros de diversos entes estatales, y en especial a través de la intermediación de particulares y empresas entre dichos entes y la aseguradora Nación Seguros; como así también en la inclusión de empresas coaseguradoras por parte de ésta».