El conflicto por la reforma previsional en Santa Fe sumó un nuevo capítulo judicial. El Gobierno de Maximiliano Pullaro presentó un recurso extraordinario federal ante la Corte Suprema de la Nación, insistiendo en que cuatro ministros del máximo tribunal santafesino deben apartarse de las causas que cuestionan la nueva ley por falta de imparcialidad.
El argumento de la «propia causa»
Desde la Fiscalía de Estado se solicitó el apartamiento de los magistrados Rafael Gutiérrez, Roberto Falistocco, Eduardo Spuler y Rubén Weder. El Ejecutivo sostiene que los jueces tienen un interés directo en el resultado, ya que el régimen jubilatorio bajo análisis es el mismo que los alcanzará —o ya los alcanza— a ellos.
Según detalló el secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso, se busca preservar la garantía de un proceso justo: «Estos jueces no pueden ser magistrados en su propia causa; su objetividad está comprometida al ser futuros beneficiarios del sistema que están juzgando».
Jubilaciones de privilegio y el impacto del tope
La controversia radica en los cambios introducidos para reducir el déficit de la Caja de Jubilaciones, que incluyen un tope de 20 haberes mínimos y un aporte solidario para las escalas más altas. La urgencia del planteo oficial se respalda en datos concretos:
De 117 amparos presentados contra el tope salarial, 36 ya obtuvieron fallos favorables en instancias inferiores.
De esos beneficiados, 33 pertenecen al Poder Judicial y perciben haberes que oscilan entre los 10 y 15 millones de pesos.
La defensa de la sustentabilidad
Para la gestión provincial, la reforma fue la única alternativa para evitar que la Caja fuera transferida a la Nación. Boasso subrayó que la normativa permitió reducir el desequilibrio financiero proyectado para 2025 de $650.000 millones a $311.000 millones, logrando un ahorro cercano al 50%.
Tras el rechazo inicial de la Corte santafesina a la recusación por considerarla «improcedente», la provincia apuesta ahora a que la Corte Suprema de la Nación intervenga para destrabar una disputa que pone en juego la sostenibilidad del sistema previsional y el principio de igualdad ante la ley.
