La Cámara Federal de Casación Penal revisa este lunes desde el mediodía la detención domiciliara de Cristina Kirchner -condenada a seis años de prisión en el marco de la causa Vialidad-, con foco en el régimen de visitas y el uso de la tobillera electrónica. En tanto, la expresidenta será entrevistada en su casa, mientras que trascendió minutos antes del inicio de la audiencia que la Fiscalía retiró el pedido de envío a una cárcel común.
La evaluación judicial responde al cuestionamiento de la defensa de la dos veces jefa de Estado acerca de la decisión del Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 de limitar a familia, abogados y médicos el acceso al departamento sin necesidad de un permiso de la Justicia, como así también a la apelación de los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola a la modalidad de arresto y la solicitud de traslado a una cárcel.
No obstante, a poco de que comenzara el proceso se conoció que el fiscal general de la Cámara Mario Villar retiró ese segundo pedido para que la expresidenta cumpla en una prisión común la condena. De todas formas, continúa vigente el de mudar el domicilio de la detención.
En este marco, la Sala IV del máximo tribunal penal del país celebra una audiencia liderada por los jueces Mariano Borinsky, Gustavo Hornos y Diego Barroetaveña. Con la presencia de todas las partes involucradas, los magistrados analizarán ambas presentaciones y tendrán cinco días para resolver.
En paralelo, Kirchner será entrevistada en el domicilio de San José 1111, en el barrio porteño de Constitución donde cumple el arresto, por un equipo interdisciplinario integrado por psicólogos y asistentes sociales. El objetivo es determinar su adaptación al régimen de prisión domiciliaria y evaluar si existen efectos negativos relacionados con el uso de la tobillera electrónica, rechazada por la defensa.
Según indicaron fuentes judiciales, los especialistas deberán elaborar un informe detallado para enviar a los jueces de Casación y al TOF N°2, a cargo la ejecución de la sentencia. Entre otros detalles, analizarán el estado emocional y físico de la exvicepresidenta, además del correcto funcionamiento del dispositivo de control.
En cuanto a los cuestionamientos al régimen de visitas, los abogados Carlos Beraldi y Ary Llernovoy argumentaron que los magistrados omitieron que la exmandataria debe reunirse con frecuencia con los profesionales que la asesoran en materia contable y los apoderados que se encargan de cuestiones administrativas en su nombre.
Asimismo, consideraron que la regla impuesta por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso es incompatible con el derecho a su vida familiar y social.
Luciani y Mola reclamaban que la también titular del Partido Justicialista, quien además de la privación de la libertad fue sentenciada a inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta, cambie de lugar de reclusión y «continúe cumpliendo la pena de prisión que se le impuso en una unidad carcelaria». Ahora Villar dejó sin efecto este último aspecto, pero sostuvo el primero de ellos.
Fuente: El Canciller
