El ministro de Obras Públicas de Santa Fe, Lisandro Enrico, declaró «procedente» la segunda etapa del aumento de las tarifas de los servicios de agua potable y cloacas de la empresa estatal Aguas Santafesinas SA, que ya se había previsto y anunciado en enero de este año.
El funcionario dio vía libre a la suba de un componente clave en la tarifa de Assa, el llamado factor K, que determina la tarifa final a los usuarios de ambos o de uno de esos servicios. También para la cotización del metro cúbico de agua producida por la empresa, que se vende en bloque a cooperativas y municipalidades a través del sistema de plantas potabilizadoras y acueductos.
En términos porcentuales Aguas había solicitado (antes del retiro de la gestión de Omar Perotti) una suba del 128% que había sido acordado en la mesa de transición entre ambos gobiernos con los colaboradores del gobernador Maximiliano Pullaro, a días de su asunción.
La correspondiente audiencia pública se llevó a cabo luego del cambio de autoridades y en esa oportunidad la empresa a cargo de la presidenta del directorio Anahí Rodríguez expresó que la compañía necesitaba llevar la suba al 190%, y mantener el criterio de hacerlo en dos etapas con ciertos límites para que los usuarios no reciban un impacto mayor al incremento de sus haberes en los primeros meses de su aplicación.
Más tarde, en los primeros meses de la actual gestión, el Ente Regulador de los Servicios Sanitarios (Enress) autorizó la suba pedida originalmente (128%) en una resolución no vinculante que luego el Poder Ejecutivo Provincial confirmó en el 190%. Ahora es el turno de completar esa suba, que a duras penas se acerca a los niveles inflacionarios que ya impactaron en los costos de producción en las plantas y de gestión de las redes (sin contar las obras de expansión que desde hace años Aguas no logra llevar a cabo sin auxilio estatal).
Por otra parte, el gobierno santafesino ha decidido fuertes cambios para la empresa prestadora en 15 de los distritos más poblados de la provincia, entre ellos Rosario y Santa Fe. El déficit de funcionamiento de Aguas se ha cubierto con fondos del Tesoro que tiene aportes de todos los santafesinos, también de los que no reciben ningún servicio de Assa y tienen prestadores cooperativos, municipales o ninguno.
En la última audiencia pública se mostró que el 80% de los fondos que la empresa requiere para su funcionamiento provienen del sector público provincial, que se mantiene una insostenible condición contractual de transición desde que el Estado recuperó la prestación (y ya no está a cargo de un tercero a controlar).
Tanto las condiciones estructurales del marco regulatorio de la vieja Ley 11.220 con que fuera privatizado el servicio en los ’90, los controles del Enress y los pésimos números de la compañía forman parte de lo que se pretende intervenir con una ley de emergencia que tiene como fecha de caducidad final el 31 de diciembre 2024, pero que el Poder Ejecutivo Provincial podrá prorrogar por un año más.
En ese lapso, según el artículo tercero del proyecto de ley que ya logró media sanción del Senado y ahora se discute en Diputados, quedará facultado el gobernador a «determinar el régimen tarifario del servicio público de agua potable, desagües y saneamiento en el ámbito de la concesión definido por el articulo 3ro de la Ley N° 11.220», es decir, actualizar el factor k de la fórmula tarifaria que se usa tanto para los consumos reales (con lo que indica el caudalímetro) como los consumos presuntos que emplean un cálculo arbitrario entre metros cuadrados de superficie de los inmuebles con metros cúbicos que se supone debería emplear la propiedad servida.
En pocas palabras, a partir de mayo se completa el 190% previsto por el ministro Enrico en Enero, en etapas. Y para el segundo semestre del año habrá más retoques que podrá aplicar a sola firma el titular del Poder Ejecutivo Provincial, para las fórmulas de cálculo que se usan desde 1995, cuando se concesionó la ex Dipos.
Info: El Litoral.
