A través de la resolución Nº 113 firmada este 11 de marzo, el Ejecutivo municipal aprobó la contratación directa para la compra de siete camionetas doble cabina 4×2, por un monto total de 228.900.000 pesos. Los móviles serán para la Guardia de Seguridad Institucional (GSI), que ahora realizará patrullajes preventivos pero con el formato binomio, es decir, con un policía acompañando al agente.
Asimismo, se autorizó la orden de compras en favor de una empresa dedicada a la venta de automotores de la ciudad para la adquisición de las unidades presupuestadas, “con plazo de entrega inmediato y condición de pago contado”, dice el acto administrativo que lleva la firma del intendente Juan Pablo Poletti, del secretario de Gobierno y Control, Sebastián Mastropaolo, y del secretario de Hacienda, José Serruya.
¿Por qué no se llamó a licitación pública y se hizo una contratación directa? Porque esta compra autorizada con fondos del Tesoro Municipal se ampara en la declaración de Emergencia en Seguridad Pública (Ordenanza Nº 12.935, tras la adhesión a la ley provincial N° 14.237), sancionada por el Concejo de Santa Fe en la sesión extraordinaria del 21 de febrero pasado.
En esa declaración de emergencia, el Legislativo local le otorgó al Ejecutivo capitalino la potestad de adquirir de bienes, contratar servicios o realizar las obras que resulten necesarias para “ampliar las capacidades del municipio en materia de intervención primaria en seguridad y control urbano, prescindiendo del correspondiente llamado a licitación pública, y concertando contrataciones directas (…)”.
“Carácter de urgente”
En los considerandos de la resolución, El Ejecutivo solicitó “en carácter de urgente” la compra de estas siete camionetas doble cabina 4×2, a los fines de “contribuir a mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad, en el marco de la Emergencia en Seguridad”.
Este pedido se ve motivado en el marco del convenio suscripto entre el Ministerio de Seguridad y la Municipalidad, con el objeto de “realizar actividades coordinadas mixtas, subiendo un binomio de la policía de la provincia a las camionetas de la GSI con el fin de realizar patrullajes preventivos, corredores de seguros, controles en espacios públicos y senderos escolares seguros”, dice la resolución.
Esto, según entiende la actual administración municipal, permitiría una intervención de seguridad ciudadana municipal y provincial “de proximidad”, con cercanía a los barrios, para brindar “más seguridad a los vecinos con el objeto de reducir la incidencia de la violencia lesiva mediante intervenciones orientadas a la prevención social y comunitaria”.
La adhesión de la ciudad -a través de la aprobación del Concejo-, a la ley provincial de Emergencia en Seguridad Pública, “brinda una herramienta administrativa al Ejecutivo Municipal para tomar decisiones y habilitar compras con la celeridad que amerita la situación de emergencia, luciendo razonable el apartamiento de los procedimientos ordinarios para la selección de contratistas”, justifica el acto administrativo.
Empréstito
El Ejecutivo también tiene la posibilidad de tomar crédito ante bancos, cooperativas, inversores institucionales, entidades financieras y/o crediticias por 500 millones de pesos, para “inversiones de capital destinadas a la seguridad y al control urbano”. Esto fue aprobado también por el Concejo en la mencionada sesión extraordinaria, cuando se trató y sancionó el Presupuesto Municipal 2024.
Para adquirir cámaras, domos, lectores de patentes -entre otros insumos-, se lo facultó al Ejecutivo a tomar crédito por 300.000.000 pesos. Y para la adquisición de camionetas, 200.000.000 pesos. En la referida resolución, no se indica que los fondos para la compra de las siete camionetas fueron gracias a la toma de crédito, sino que la imputación es del presupuesto vigente, y la fuente de financiamiento es el Tesoro Municipal.
Patrullaje en binomios
Como adelantó El Litoral en un artículo publicado días atrás, en el convenio firmado entre el municipio y el ministerio de Seguridad se especifica que dicha cartera “pondrá a disposición recursos humanos policiales en el marco de las tareas de recorridos preventivos que realiza personal de GSI en sus móviles, procurando una inmediata intervención del personal policial ante las potenciales situaciones donde así se requiera”.
El formato será “de binomio”, indica el acuerdo. Un policía estará a bordo de las unidades móviles de la GSI con el agente municipal asignado, “a fin de cooperar y complementar las tareas preventivas que desarrolla el personal municipal de la Guarda, en el marco de los recorridos que realiza en jurisdicción de la ciudad”.
El personal policial “tomará intervención en los momentos y situaciones en que se encuentre habilitado para tal fin”, ante la eventualidad de un hecho delictivo. A su vez, municipio y ministerio acordarán la planificación operativa del despliegue territorial de los móviles de GSI. El Gobierno local será responsable de la provisión de los recursos y elementos necesarios para el correcto funcionamiento de los vehículos.
Actividades complementarias
Asimismo, las partes involucradas en el convenio acordaron desarrollar actividades complementarias tales como “la conformación de un espacio de capacitación permanente para los agentes de los gobiernos provincial y municipal”, a fin de “mejorar las aptitudes operativas en las funciones de prevención de delitos y faltas y de resolución de conflictos”.
También, cada tres meses municipio y ministerio confeccionarán un informe de seguimiento y monitoreo de la dinámica y los resultados obtenidos en la aplicación práctica del convenio, con la intención de “elaborar guías de actuación, y proponer ajustes o modificaciones que se consideren pertinentes”.
Info: El Litoral.
