Tras un grave incidente de violencia ocurrido el último fin de semana en la zona de la Recoleta, el Municipio de Santa Fe volvió a poner en el centro del debate la problemática de los cuidacoches. A través del subsecretario de Seguridad Ciudadana, Claudio Zapata, el Ejecutivo local manifestó la necesidad de profundizar las estrategias de control y, fundamentalmente, elevar la discusión a esferas judiciales y provinciales para lograr sanciones efectivas.
El detonante de este nuevo planteo fue el ataque con arma blanca sufrido por un automovilista en un sector gastronómico. El agresor, un hombre que ya había sido interceptado por la Guardia de Seguridad Institucional (GSI) en tres ocasiones durante el último mes, fue detenido rápidamente gracias al sistema de monitoreo, pero el hecho dejó en evidencia los límites de la normativa actual frente a la reincidencia y la violencia.
Uno de los puntos críticos señalados por Zapata es la falta de consecuencias legales para quienes incumplen sistemáticamente la prohibición. Si bien desde la vigencia de la nueva ordenanza se han realizado más de 300 traslados a sedes policiales, la mayoría de los involucrados recupera la libertad en cuestión de horas. Al no existir un esquema sancionatorio específico o una figura contravencional clara, el accionar policial termina siendo meramente administrativo.
«El policía traslada y hace el acta, pero para cuando el procedimiento termina, la persona ya está de nuevo en la calle», explicó el funcionario. En este sentido, advirtió que muchos de los traslados se terminan caratulando como «resistencia a la autoridad» o «maltrato al personal», diluyendo el foco principal que es la actividad ilegal de cuidar coches y la extorsión a los vecinos.
Ante este panorama, el intendente Juan Pablo Poletti y el secretario de Gobierno, Sebastián Mastropaolo, han iniciado gestiones directas con el Ministerio de Seguridad de la Provincia y el Ministerio Público de la Acusación (MPA). El objetivo es establecer protocolos que permitan que estas conductas queden registradas como antecedentes penales, buscando un efecto disuasivo real que hoy la ciudad no posee.
El plan municipal no se limita solo a la faz punitiva. Zapata recordó que, al inicio de la gestión, el padrón de cuidacoches oscilaba entre las 340 y 370 personas. Mediante un abordaje social y la creación de cooperativas de trabajo para mantenimiento urbano y obras, ese número se redujo a unas 245 personas. No obstante, el funcionario fue tajante al afirmar que no se retrocederá en la prohibición de la «doble imposición», donde el vecino debe pagar el estacionamiento medido y, además, al cuidacoches.
Finalmente, el Ejecutivo local analiza proponer cambios legislativos a nivel provincial. La intención es que el incumplimiento de las ordenanzas municipales tenga un correlato en las leyes provinciales, permitiendo que la justicia actúe con mayor severidad. “Estamos dando una batalla diaria con 17.640 intervenciones realizadas hasta la fecha; el objetivo final es que los santafesinos puedan disfrutar de la ciudad sin enfrentar situaciones de violencia”, concluyó Zapata.
