El ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, ratificó la existencia de una firme hipótesis judicial que vincula el armamento de guerra encontrado recientemente en una quinta de Roldán con un plan criminal para asesinar al gobernador Maximiliano Pullaro.
Ante la contundencia de las pruebas, la provincia recomendó formalmente elevar los niveles de custodia y limitar la exposición pública del mandatario.
El hallazgo que disparó las alarmas ocurrió hace tres semanas, cuando se descubrieron fusiles de asalto de origen chino y estadounidense enterrados en una propiedad. Según las tareas de inteligencia, este arsenal pertenecería a la organización criminal conocida como «Los Menores». Cococcioni explicó que, si bien la sospecha de un plan contra las autoridades institucionales circulaba hace meses, la aparición de estas armas de alto calibre terminó de confirmar la información proveniente de tres fuentes independientes entre sí.
El origen de las amenazas: el régimen carcelario
Para el titular de la cartera de Seguridad, el motivo detrás del intento de magnicidio es la respuesta de las bandas al endurecimiento de las condiciones de detención. «Esta gente sabe que, mientras Pullaro sea gobernador, su situación no va a mejorar», afirmó el ministro, vinculando las amenazas al aislamiento pleno de los presos de alto perfil y al avance en la construcción de la nueva unidad penitenciaria bautizada como «El Infierno».
En particular, se señaló a Lisandro “Limón” Contreras como el presunto organizador del plan desde la cárcel de Piñero. El funcionario aseguró que Contreras se encuentra bajo vigilancia estricta y requisas permanentes, señalando que los líderes criminales buscan «deshacerse» del gobernador debido a las restricciones que sufren en el sistema carcelario.
Nuevos protocolos de seguridad
Debido al incremento del riesgo, el Ministerio de Seguridad presentó un informe escrito al gobernador con recomendaciones específicas para resguardar su integridad física y la de su familia. Entre las medidas sugeridas se encuentran:
- Elevar los niveles de alerta en todos los controles de acceso a edificios gubernamentales.
- Revisar los movimientos personales y la radicación del mandatario.
- Restringir actividades de exposición pública que se consideren innecesarias.
Aunque las recomendaciones son estrictas, Cococcioni admitió que la decisión final sobre su agenda depende de Pullaro: «No le puedo imponer limitaciones, pero sí señalar que hay que aceptar mayores restricciones de las que uno está dispuesto a tolerar habitualmente», concluyó.
