El proyecto de producción de litio Pozuelos-Pastos Grandes, en Salta, que demandará una inversión de USD 2.000 millones, tuvo un avance significativo luego de la aprobación de la Declaración de Impacto Ambiental (DIA) para la primera etapa de la iniciativa.
Así lo confirmó en las últimas horas el gobernador salteño, Gustavo Sáenz, quien a través de X explicó que la operación que desarrollará la empresa china Ganfeng Lithium significará un «hito histórico» para la provincia.
«Con una producción anual estimada de 50 mil toneladas de carbonato de litio, será el proyecto más grande de Argentina y el segundo más grande del mundo«, manifestó el mandatario provincial. Además, indicó que el dinero que se invertirá será superior a los USD 2.000 millones.
«Este nuevo proyecto demuestra que la política de Estado que se aplica en Salta se traduce en trabajo, oportunidades y producción para los salteños. Esa misma política de Estado suma un nuevo capítulo con el reciente compromiso de Ganfeng y de la Cámara de Proveedores de Empresa Mineras de la provincia de trabajar juntos para que los proveedores salteños tengan nuevas oportunidades», concluyó.
La iniciativa se desarrollará en tres fases y pretende ser una de las más importantes en el plan de expansión de Ganfeng, que ya construyó una planta industrial en General Güemes y que desarrolló el Proyecto Mariana en la Puna.
A su vez, el Pozuelos–Pastos Grandes (PPG) podría convertirse en uno de los operativos más grandes del país, considerando que según la proyección de las empresas que forman parte la producción llegaría a las 150.000 toneladas anuales de carbonato de litio, una vez finalizadas todas las etapas técnicas y ambientales.
Con la aprobación de la DIA, la compañía quedó habilitada para alcanzar las 50.000 toneladas anuales, con una vida útil estimada en 25 años. De acuerdo a la gobernación salteña, el avance del proyecto «refleja la política minera sustentable que impulsa» la administración «orientada a fortalecer la cadena de valor productiva, promover la inversión privada responsable y garantizar que los beneficios del desarrollo lleguen a las comunidades locales».
Con información de El Canciller
