La gestión de Donald Trump se presenta como “amicus” en respaldo a la solicitud argentina ante la Cámara de Apelaciones de Nueva York. Es la segunda vez que interviene en el caso.
El gobierno de Estados Unidos se presentará ante la Justicia de ese país para respaldar a la Argentina en su intento por evitar la entrega de las acciones de YPF como pago de la sentencia por US$16.000 millones por la expropiación de la petrolera.
La magistrada falló contra el país a fines de junio. La sentencia para que transfiera de inmediato los papeles de la petrolera a los fondos Burford y Eton Park por el juicio perdido en 2023, se encuentra suspendida ahora de manera temporal tras una apelación de la Argentina ante el tribunal superior.
El año pasado, el gobierno estadounidense ya se había presentado como “amicus” de la Argentina en rechazo a lo que era en ese momento un pedido de los demandantes para que cobrara la sentencia con acciones de YPF. Finalmente, Preska desoyó el consejo de la entonces administración Biden y falló contra la Argentina.
Cómo sigue el caso
Según explicó Sebastián Soler, exviceprocurador del Tesoro, ahora que la Cámara de Apelaciones del segundo circuito de Nueva York aceptó el pedido conjunto de las partes y suspendió la orden de Preska, se abre un nuevo cronograma:
– El 17 de julio Burford presentará su oposición al pedido argentino de extender la suspensión hasta que la Cámara se expida sobre la apelación.
– El 22 de julio Argentina responderá con argumentos a favor de sostener la suspensión preventiva.
– En las próximas semanas se elegirá a los tres jueces que integrarán la sala encargada de resolver la cuestión.
Una vez que terminen los cruces de escritos y se defina la integración de la sala, la Cámara podrá fallar en cualquier momento.
Según Sebastián Maril, de Latam Advisors, en los próximos 15 días se definirá si la Corte de Apelaciones accede o rechaza el planteo de la Argentina.
Si se acepta el pedido argentino, la orden de Preska quedará sin efecto hasta que se resuelva la apelación contra su sentencia de fondo, que fijó una condena de US$16.100 millones.
La Cámara todavía no estableció la fecha de audiencia y no se espera una definición de fondo antes de 2026. En tanto, si el tribunal rechaza el pedido argentino, volverá a regir la orden de entrega de las acciones.
