El Senado de la Nación convirtió en ley el nuevo proyecto de Fortalecimiento, Sostenibilidad y Eficiencia Permanente del Sistema de Discapacidad. La iniciativa obtuvo 71 votos afirmativos y ninguno en contra, en una sesión que reflejó un amplio consenso político. Sin embargo, la aprobación legislativa no despejó todos los interrogantes: ahora la atención está puesta en la decisión del Gobierno de Javier Milei y en cómo garantizará los recursos necesarios para cumplir con la normativa.
La nueva legislación busca establecer un esquema permanente de protección para las personas con discapacidad, reemplazando el carácter de emergencia y transitoriedad que tenía el régimen anterior. Entre sus principales disposiciones contempla la continuidad de las pensiones no contributivas, la actualización de las prestaciones y la regularización de las deudas que el Estado mantiene con los prestadores del sistema.
Uno de los puntos centrales establece que las pensiones no contributivas por discapacidad equivaldrán al 70% de la jubilación mínima. Además, permitirá que sus beneficiarios puedan acceder a un empleo registrado o inscribirse en el monotributo sin perder automáticamente el beneficio, siempre que sus ingresos no superen los dos salarios mínimos, vitales y móviles.
También se garantiza la continuidad de la cobertura médica mediante el programa Incluir Salud y se establece un mecanismo de actualización de los aranceles que reciben los prestadores, vinculado a la movilidad jubilatoria.
La reglamentación y el financiamiento, en el centro de la discusión
Más allá del respaldo unánime conseguido en el Congreso, la principal preocupación pasa por la implementación efectiva de la ley. El Poder Ejecutivo tendrá diez días hábiles para promulgarla y, una vez publicada en el Boletín Oficial, contará con 30 días hábiles para reglamentarla.
En ese proceso deberán definirse aspectos fundamentales para poner en funcionamiento el nuevo esquema, entre ellos la autoridad de aplicación y los criterios de evaluación socioeconómica.
Otro compromiso importante está relacionado con las deudas que el Estado mantiene con los prestadores. La normativa establece que el Gobierno deberá publicar un cronograma de cancelación dentro de los 30 días posteriores a la entrada en vigencia y completar los pagos correspondientes en un plazo máximo de 90 días.
La discusión también alcanza al Presupuesto 2027, ya que las organizaciones del sector reclaman partidas suficientes para garantizar el funcionamiento del sistema. Desde distintos espacios políticos advirtieron que la sanción legislativa debe estar acompañada por recursos concretos para evitar que los derechos reconocidos queden solamente en el papel.
De esta manera, el Congreso dio un paso importante con una aprobación sin votos negativos, pero el desafío ahora estará en el Poder Ejecutivo. La reglamentación, el financiamiento y el cumplimiento de los plazos serán determinantes para saber si la nueva Ley de Discapacidad se traduce efectivamente en mejoras para las personas beneficiarias y los prestadores.








