Incluye ocho grandes tramos viales, que abarcan rutas estratégicas para la circulación, la producción agroindustrial y el comercio regional.
El Gobierno dio este lunes un nuevo paso en el proceso de privatización del sistema vial al convocar a una licitación pública nacional e internacional para concesionar una amplia red de rutas nacionales, en el marco del plan oficial para transferir al sector privado la operación y el mantenimiento de los principales corredores del país.
La decisión quedó formalizada a través de la resolución 174/2026 del Ministerio de Economía, publicada en el Boletín Oficial, y se inscribe dentro del proceso de privatización total de Corredores Viales SA, la empresa estatal que actualmente administra gran parte de las rutas concesionadas.
La licitación corresponde a la Etapa III de la “Red Federal de Concesiones” e incluye ocho grandes tramos viales: Cuyo, Centro Norte, Noroeste, Chaco–Santa Fe, Litoral, Noreste, Centro y Mesopotámico. En conjunto, abarcan rutas estratégicas para el transporte de personas, la producción agroindustrial y el comercio regional.
Entre las trazas incluidas figuran sectores de las rutas nacionales 7, 9, 11, 12, 16, 18, 19, 34, 66 y 105, además de accesos y variantes clave, muchas de las cuales hoy están bajo control de Corredores Viales.
El esquema prevé la concesión de obra pública por peaje, bajo la cual las empresas adjudicatarias deberán hacerse cargo no solo del cobro, sino también de la construcción, reparación, ampliación, conservación y mantenimiento, además de la prestación de servicios a los usuarios.
Desde el Gobierno sostienen que el nuevo modelo busca eliminar el déficit operativo, mejorar el estado de la infraestructura vial y retirar al Estado nacional de la gestión directa de las rutas, trasladando el riesgo y la inversión al sector privado.
El proceso se apoya en la Ley de Bases y en el decreto que autorizó la privatización de Corredores Viales, y es coordinado por el Ministerio de Economía con asistencia de la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, la unidad creada para llevar adelante el programa de desestatizaciones.
Según los considerandos de la resolución, el nuevo esquema apunta también a permitir explotaciones complementarias, como servicios logísticos o comerciales, que generen ingresos adicionales más allá del peaje.
Plazos, ofertas y control
El cronograma ya está definido. Las empresas interesadas podrán realizar consultas hasta el 4 de mayo, mientras que la presentación de ofertas cerrará el 18 de mayo al mediodía, con apertura ese mismo día a las 13, todo a través de la plataforma oficial CONTRAT.AR.
La licitación será difundida durante siete días en el Boletín Oficial y en la web del Ministerio de Economía, y también tendrá publicación internacional en el portal del Banco Mundial, una señal clara de que el Gobierno busca atraer capital extranjero.
Para analizar las propuestas, la resolución creó una comisión evaluadora ad hoc, integrada por funcionarios técnicos del área de transporte e infraestructura.
Antes del llamado, el proceso incluyó audiencias públicas realizadas entre fines de junio y comienzos de julio del año pasado, en las que participaron autoridades nacionales, provinciales, organizaciones y actores privados. Los informes de cierre ya fueron aprobados por la Dirección Nacional de Vialidad.
Además, se cumplió con la tasación previa exigida por ley para avanzar con la privatización, uno de los pasos clave del procedimiento.
La convocatoria refuerza la estrategia del ministro Luis Caputo, que busca acelerar el programa de reformas estructurales, reducir el gasto público y avanzar en un rediseño profundo del rol del Estado en áreas consideradas estratégicas.
El 11 de febrero, el Gobierno había anunciado el llamado a licitación, correspondiente a la Etapa II-B, para más de 2.500 kilómetros de rutas que atraviesan las provincias de Buenos Aires, La Pampa, Santa Fe, Córdoba y San Luis.
