A raíz de la gravedad de los incendios que azotan a la región patagónica, el Gobierno nacional declaró la Emergencia Ígnea por el término de un año en las provincias de Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La medida, oficializada mediante el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 73/2026, busca agilizar los recursos destinados al combate del fuego y la recuperación de las áreas críticas.
El decreto contempla un abordaje integral que incluye tareas de presupresión, combate directo de las llamas y la posterior restauración de los ecosistemas dañados. Además, la normativa declara como zona de desastre a los territorios afectados, bajo el marco de la Ley 27.287 de Gestión Integral del Riesgo y Protección Civil, lo que permite una asistencia financiera y logística más directa.
La responsabilidad de coordinar este operativo recae sobre la Agencia Federal de Emergencias, organismo bajo la órbita del Ministerio de Seguridad Nacional. Esta entidad deberá articular con las provincias y municipios las acciones de prevención, apoyo a la población damnificada y los planes de recomposición social y productiva necesarios para paliar las pérdidas económicas en la región.
En los fundamentos de la norma, se advierte que la combinación de una sequía prolongada, vientos de gran intensidad y la magnitud de los focos —especialmente en el Parque Nacional Los Alerces y sus alrededores— ha sobrepasado la capacidad de respuesta de los organismos locales. Ante este escenario, el Ejecutivo justificó el uso de un DNU para evitar las demoras del trámite legislativo ordinario, garantizando una intervención inmediata para proteger la vida, los bienes y el patrimonio ambiental.
