La administración británica de las Islas Malvinas extendió por cinco años los permisos vigentes para la exploración y explotación de hidrocarburos en el Atlántico Sur. La medida, respaldada de forma directa por el gobierno del Reino Unido, añade un nuevo capítulo de tensión al conflicto con Argentina por la soberanía y el control de los recursos naturales en la plataforma continental.
Garantías para las empresas y metas para 2028
La prórroga otorga a las petroleras la posibilidad de estirar los plazos por otros dos años adicionales si cumplen con los planes de inversión y obras pautados.«Estas prórrogas brindan seguridad a los operadores, permitiéndoles continuar invirtiendo y desarrollando sus áreas asignadas. Son recursos nuestros que debemos desarrollar», justificó Cheryl Roberts, responsable de Comercio, Industria y Recursos Minerales de la Asamblea Legislativa de las islas.
El principal foco de atención se posa sobre el yacimiento Sea Lion, situado en la cuenca norte del archipiélago. El proyecto está liderado por Navitas Petroleum (65%) y Rockhopper Exploration (35%), compañías que proyectan iniciar la extracción masiva de crudo para marzo de 2028. En paralelo, el gobierno isleño autorizó a una subsidiaria de Navitas a quedarse con el 65% del bloque vecino PL001 tras un acuerdo con la canadiense JHI Associates, con el fin de acelerar los desarrollos en esa zona.
La ofensiva judicial y diplomática de Argentina
El Gobierno argentino mantiene firme su postura de considerar ilegales todas las actividades de exploración que no cuenten con la autorización explícita de su jurisdicción nacional. Además del eje Navitas-Rockhopper, el radar de las penalizaciones oficiales incluye a las británicas Borders & Southern y Desire Petroleum Limited.
Como respuesta a esta extensión, la jueza federal de Río Grande, Mariel Borruto, dictó una orden para exigir a Navitas y Rockhopper que se abstengan de comenzar o ejecutar cualquier tipo de obra de infraestructura en el proyecto Sea Lion. El fallo judicial fue impulsado por una presentación conjunta de la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas y el Centro de Excombatientes de Malvinas (CECIM) de La Plata.
El conflicto de fondo por la jurisdicción
El Reino Unido rechaza sistemáticamente las trabas de la Casa Rosada bajo el argumento de que Argentina carece de potestad para aplicar sus leyes a empresas que operan en las islas. El Palacio de Whitehall ratifica el supuesto derecho de los isleños a disponer y usufructuar sus recursos naturales.
Por su parte, la diplomacia argentina fundamenta su reclamo en la Resolución 31/49 de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU). Dicha normativa internacional exige de manera taxativa que ninguna de las dos partes introduzca modificaciones unilaterales en la región mientras continúe abierta la disputa por la soberanía del territorio.
Fuente: Noticias Argentinas
