La investigación que involucra a Manuel Adorni sumó un nuevo capítulo, el fiscal Gerardo Pollicita solicitó al juez Ariel Lijo una batería de medidas de prueba para profundizar la causa por presunto enriquecimiento ilícito. El expediente busca esclarecer la evolución patrimonial del jefe de Gabinete tras la polémica por el viaje a Punta del Este.
Según el requerimiento, aún sin imputaciones formales, existen elementos suficientes para avanzar en la investigación. En ese marco, la fiscalía pretende reconstruir en detalle el patrimonio de Adorni y de su esposa, Julieta Bettina Angeletti, con foco en posibles activos no declarados.
Entre las medidas solicitadas, se destacan pedidos de información a registros de propiedades en la provincia de Buenos Aires y en la Ciudad, así como a la base nacional de vehículos. El objetivo es determinar si existen bienes a nombre de los investigados que no hayan sido incluidos en sus declaraciones juradas.
Uno de los puntos centrales de la causa es una vivienda en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz. Según los datos incorporados al expediente, las expensas del lote estarían a nombre de Angeletti, lo que podría sugerir “la existencia de un vínculo dominial o posesorio no declarado”.
La denuncia original, impulsada por la diputada Marcela Pagano, sostiene que el patrimonio de Adorni habría crecido un 500% en un solo período fiscal, con “severas discrepancias entre su declaración jurada inicial y la anual”. Además, se menciona la posible omisión de activos financieros y depósitos en el exterior por montos millonarios.
Otro de los puntos observados es la justificación de fondos en efectivo. En el expediente se señala que USD 24.500 habrían sido declarados como préstamos familiares (“mutuos”), lo que ahora también será objeto de verificación.
La fiscalía también pidió informes sobre movimientos bancarios, participaciones en sociedades, ingresos laborales, registros migratorios y hasta el legajo completo del funcionario en el Estado. Incluso, solicitó investigar a las personas que habrían actuado como prestamistas para confirmar si cuentan con ingresos compatibles.
Todo esto se enmarca en una causa que también roza otros episodios recientes, como el viaje a Nueva York y el vuelo privado a Uruguay, que ya están bajo análisis judicial.
Por ahora, el juez Lijo no resolvió si dará curso a las medidas, pero el pedido de la fiscalía marca un paso clave: la investigación empieza a meterse de lleno en el patrimonio, los movimientos y las posibles inconsistencias del entorno del jefe de Gabinete.
