Concluido el circuito judicial que permitirá cobrar la deuda histórica de coparticipación federal, la provincia de Santa Fe planifica retomar ahora las gestiones para la firma de un acuerdo definitivo con la AFIP. Se trata de un convenio que ya en la previa provocó una profunda controversia con la oposición.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación homologó el martes el acuerdo que habían firmado el 29 de junio Omar Perotti y el por entonces ministro de Economía de la Nación, Martín Guzmán. Era el aval final que se necesitaba para que la acreencia de más de 151 mil millones de pesos pudiera empezar a saldarse. La resolución del máximo tribunal permite comenzar a hacer operativo el procedimiento que facilitará la colocación de esos bonos. Si bien algunos pasos administrativos se fueron dando mientras se aguardaba la homologación, la cancelación efectiva de la deuda no podía planificarse hasta tanto no estuviese dicho fallo.
Asimismo, el Poder Ejecutivo interpreta que con su guiño, la Corte también avaló la decisión política que sostuvo desde el primer momento Perotti – pese a la insistencia de la oposición- de no remitir el acuerdo ad referéndum de las cámaras legislativas. Según estiman, en lo que queda de 2022 y 2023, la provincia podrá recibir los primeros 50 mil millones del total a desembolsar por la nación. Y hacia fines de año, se definirán las obras que se financiarán con esos recursos.
Mientras tanto, el gobierno de Perotti retomará las gestiones con AFIP. La intención es plasmar en un acuerdo definitivo, las pautas que se establecieron de manera provisoria en una suerte de acta compromiso firmada el mismo día en el que se suscribiera el convenio por la deuda con Guzmán. La coincidencia y simultaneidad generaron suspicacias y fortísimas críticas de la oposición, que interpretó el hecho como un «chantaje»; la Nación concedía el acuerdo por el pago de la deuda, a cambio de que la provincia firmase con AFIP este segundo convenio. Es que en la práctica, ese entendimiento implicará que Santa Fe ceda el 1,9% de su coparticipación al organismo fiscalizador – unos 8 mil millones de pesos anuales-. A cambio, recibirá información «calificada», que le permitiría optimizar su recaudación impositiva. Por esto último, la gestión de Perotti defendió el acuerdo que, según plantean, ha suscripto ya la mayoría de provincias argentinas. Sin embargo, el gobernador prefirió no avanzar durante estos meses con la rúbrica definitiva, y eligió esperar la homologación de la Corte sobre el acuerdo por la deuda. Ahora, con ese aval, sí se retomarán las gestiones. Pero el horizonte para la instrumentación de este convenio no se presenta como venturoso.
Según pudo saber El Litoral, la provincia planteará a la Nación a la hora de firmar, que el convenio sea ad referéndum de la Legislatura; a eso se comprometió el propio gobernador ante la oposición. Sólo con esa condición, Santa Fe avanzaría en la firma. Pero que la Nación conceda esa petición, tampoco garantiza el éxito del convenio. Porque la propia oposición, reunida el 13 de julio en Rosario, emitió un documento público en el que adelantó y plasmó su posición al respecto. En ese escrito, las fuerzas políticas no oficialistas adelantaron el voto negativo al acuerdo con AFIP que eventualmente enviase el Poder Ejecutivo. Y si se considera que esa oposición es la que tiene mayoría en la Cámara de Diputados, el final del acuerdo estaría más que anunciado y prácticamente quedaría en letra muerta.
Fuente: El Litoral
