Tal como se venía anunciando, el borrador de la nueva Ley de Bases (o «ley ómnibus» bis) arribó este martes al territorio de la Cámara de Diputados de la Nación y a manos de los gobernadores, incluido el santafesino Maximiliano Pullaro (según pudo confirmar El Litoral), para su análisis previo a ser debatido en comisiones y luego en el recinto de sesiones.
Transcurridos dos meses desde que el mega proyecto original de 664 artículos cayera en el tratamiento en particular al cabo de un largo debate en la Cámara baja, el gobierno nacional decidió reflotar su iniciativa «fundacional» pero en una versión mucho más acotada: ahora son 279 los puntos que son puestos a consideración. Eso si el proyecto queda tal cual, pero la redacción final no está terminada.
El objetivo es que la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos llegue a las comisiones la semana próxima para su análisis y sea tratada en el recinto en la sesión del 24 de abril. Los plazos corren para la administración de Javier Milei, dado que tras la virtual media sanción de Diputados se requiere el tratamiento y aprobación del Senado para que el proyecto se convierta en ley. Con ese instrumento espera llegar el mandatario al quinto mes del año, fecha elegida para que gobernadores, ex presidentes y líderes políticos adhieran con su firma a los diez puntos que componen el Pacto de Mayo que quiere firmar el 25 de ese mes, en la ciudad de Córdoba.
Además del borrador de la Ley de Bases, se envió el proyecto de ley de Medidas Fiscales (el «paquete fiscal» que había sido retirado de la Ley de Bases en pleno fragor del debate estival) que se debatirá de forma paralela al de Bases y que incluye blanqueo, moratoria y modificación del impuesto a las Ganancias: se restituye la cuarta categoría con un piso de 1,8 millones para personas solteras y 2,2 millones para casadas.
En cuanto a la reforma laboral, que no figura en el texto de la nueva ley, será incorporada en base al proyecto que se encuentra elaborando diputados del radicalismo y que oficiará como una suerte de «espejo» del capítulo que estaba incluido en el mega decreto 70/23 y fue objetado por la Justicia.
Qué dice el proyecto
Como se anticipó, uno de los principales cambios de la nueva ley respecto de la original es la cantidad de facultades delegadas y los plazos. Así, se declara la emergencia pública en materia administrativa, económica, financiera y energética por un año (sin prórroga) a la vez que el Ejecutivo deberá informar todos los meses sobre el ejercicio de esas facultades delegadas y los resultados obtenidos.
Además, se faculta al Ejecutivo nacional a disponer en relación a los órganos u organismos de la administración central o descentralizada, entre otras cosas, «la reorganización, centralización, fusión, escisión, disolución total o parcial, o transferencia a las provincias o a CABA, previo acuerdo que garantice la debida asignación de recursos». Se excluye de esa facultad a los órganos u organismos del Poder Judicial, el Legislativo, el Ministerio Público y todos los entes que de ellos dependan, las universidades nacionales, el CONICET y el INTA.
En materia de privatización de empresas públicas, que pasaron de 41 a 18, además de que fue excluida YPF, se establece que para proceder a esa metodología se podrá considerar la transferencia a las provincias de contratos que se encuentren en ejecución. Aquellas que pueden ser privatizadas totalmente son Aerolíneas Argentinas SA, Energía Argentina SA, Radio y Televisión Argentina SE, Intercargo SAU. Las empresas sujetas a privatización o concesión son Agua y Saneamientos Argentinos SA, Correo Oficial de la República Argentina SA, Belgrano Cargas y Logística SA, Sociedad Operadora Ferroviaria SE (SOFSE) y Corredores Viales SA. Por último, aquellas empresas que solo podrán ser privatizadas parcialmente «debiendo el Estado Nacional mantener la participación mayoritaria en el capital o en la formación de las sociedades societarias» son Nucleoeléctrica Argentina SA, Banco de la Nación Argentina, Nación Seguros SA, Nación Reaseguros SA, Nación Seguros de Retiro SA, Nación Servicios AA, Nación Bursátil SA, Pellegrini SA y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
La Comisión Bicameral de Seguimiento de las Privatizaciones intervendrá en los procesos que se lleven adelante en virtud de la ley, una de las demandas también de la oposición durante todo este debate, según recuerda el sitio especializado Parlamentario.com.
Medidas fiscales
En paralelo, el gobierno envió el «paquete fiscal», bajo el nombre de Medidas Fiscales Paliativas y Relevantes, que pretende establecer un «proceso de saneamiento de la dramática situación económica en la que está sumido nuestro país».
Son 101 artículos que incluyen modificaciones sobre Bienes Personales, la restitución del impuesto a las Ganancias y la inclusión del Régimen de Regularización de Activos. Es el blanqueo de capitales que se extenderá hasta el 30 de abril de 2025, con la posibilidad del PEN de prorrogar dicho plazo hasta el 31 de julio de 2025, inclusive.
Uno de los temas que más debate tuvo en las últimas semanas es la restitución del Impuesto a las Ganancias que fija el mínimo de 1,8 millones de pesos para trabajadores solteros y 2,2 millones para casados con dos hijos; piso que para el ministro del Interior Guillermo Francos es el «más razonable que pudimos encontrar».
Ambos proyectos, ley de Bases y paquete fiscal, se debatirán en paralelo en el Congreso.
Con información de El Litoral
