La Cámara de Diputados de la Provincia de Santa Fe dio media sanción —con más de dos tercios de los votos— al paquete de leyes de seguridad pública impulsado por el Poder Ejecutivo. Tras un mes de intensos debates, plenarios y exposiciones de distintos actores judiciales, la iniciativa fue girada en revisión al Senado.
El proyecto aprobado introduce reformas parciales sobre cinco normativas clave, destacándose la modificación de catorce artículos del Código Procesal Penal, además de cambios en el Código de Convivencia, la Ley de Inteligencia, el régimen de privación de la libertad y el programa de protección a testigos y víctimas.
Puntos centrales del debate y modificaciones
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Conformidad oficialista y apoyo transversal: El dictamen fue elaborado en el plenario de las comisiones de Seguridad Pública y de Asuntos Constitucionales, consensuado dentro del interbloque oficialista Unidos y respaldado con votos de sectores de la oposición, alcanzando 37 afirmativos frente a 11 rechazos en general.
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Modificaciones al Ejecutivo: De las once reformas propuestas originalmente por el gobierno provincial, se mantuvieron diez. El oficialismo acordó excluir temporalmente el capítulo vinculado a las zonas de intervención especial policial para trabajarlo en una norma específica.
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Juicio en ausencia: El texto incorpora importantes herramientas contra la criminalidad organizada y la violencia urbana, convirtiendo a Santa Fe en la primera provincia en aplicar la figura del juicio en ausencia.
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Declaración informativa y allanamientos: Entre los cambios procesales, se añadió el artículo 113° bis sobre declaración informativa (que permite al fiscal convocar a personas vinculadas a un hecho sin que existan aún elementos para una imputación formal, con resguardos legales) y se detallaron los supuestos para la realización de allanamientos y la sustanciación de procesos en rebeldía.
Voces y posicionamientos
Durante la sesión se vivieron cruces de alto voltaje político y discursos de una veintena de oradores:
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Martín Rosúa (UCR), presidente de la Comisión de Seguridad Pública, destacó que el paquete busca dotar al sistema de persecución penal de instrumentos eficaces para combatir el delito complejo y garantizar la protección de las víctimas, manteniendo el control judicial sobre las medidas.
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Lionella Cattalini y Joaquín Blanco (Socialismo) defendieron el trabajo de su bloque para preservar el respeto a la Constitución santafesina, enfatizando que el proyecto final mejoró considerablemente el mensaje original enviado por el Ejecutivo y ratificando que el Ministerio Público de la Acusación (MPA) debe mantener la conducción de las investigaciones.
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Sectores de la oposición, como el bloque justicialista representado por Celia Arena, manifestaron su rechazo a determinados artículos por considerar que podrían poner en riesgo garantías constitucionales, postura compartida en varios puntos por los bloques unipersonales y la izquierda.
El expediente continuará ahora su camino legislativo en la Cámara de Senadores para su debate definitivo.
