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domingo, 19 mayo 2024

Diputados le dio media sanción al proyecto de ley contra el lavado de activos

La iniciativa que establece la modificación del código penal y la creación de un registro de activos virtuales ahora será tratada por el Senado.

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La Cámara de Diputados aprobó en la tarde del miércoles y envió al Senado el proyecto de prevención y persecución de lavado de activos, que tiene como ejes centrales las modificaciones al Código Penal, la reforma de la ley de Encubrimiento y Lavado de Activos de origen delictivo (Ley 25.246) y la creación de un registro de activos virtuales. 

La iniciativa fue aprobada por 112 contra 96 votos y 5 abstenciones ya que respaldaron el dictamen de mayoría el Frente de Todos y Provincias Unidas, mientras que sufragaron en contra Juntos por el Cambio, el interbloque Federal y la izquierda.

Los legisladores que se abstuvieron son los legisladores de JXC Carlos Zapata y Paula Omodeo, y los tres diputados del FDT (Frente Patria Grande) Federico Fagioli, Natalia Zaracho e Itai Hagman.

La sanción de esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.

La iniciativa contempla diversas reformas, entre ellas, convierte a la Unidad de Información Financiera (UIF) en un organismo descentralizado de la Administración Pública Nacional, en jurisdicción del Ministerio de Economía, con personería jurídica propia, que funcionará con autonomía y autarquía funcional, administrativa, económica y financiera.

La iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo en junio del año pasado tuvo este martes dos dictámenes, uno promovido por el Frente de Todos y otro por la Coalición Cívica, la UCR, Evolución y el Interbloque Federal, donde las principales diferencias están planteadas en los niveles de autonomía que tendrá la Unidad de Información Financiera.

La sanción de esta iniciativa es considerada clave para el Gobierno ya que el próximo año hay una nueva revisión técnica del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), y la Argentina debe actualizar su legislación a las nuevas normas dictadas por la entidad.

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