El Decreto de Necesidad y Urgencia 941/2025, que amplía las facultades de la SIDE y modifica la Ley de Inteligencia, ingresó este jueves al Congreso y ya generó intensos movimientos políticos. La norma fue remitida a la Comisión Bicameral de Trámite Legislativo, que tiene diez días hábiles para emitir un dictamen; de no hacerlo, ambas cámaras podrán tratar el decreto directamente en sus recintos.
La oposición ya empezó a negociar votos para intentar rechazar el DNU en ambas cámaras. En Diputados, la coalición liderada por Unión por la Patria podría sumar fuerzas con bloques menores como Frente de Izquierda, Provincias Unidas y la Coalición Cívica, alcanzando potencialmente la mayoría necesaria para frenar la norma. En el Senado, la estrategia se centra en sumar a senadores de distintos espacios peronistas, de la UCR y de provincias clave, con la intención de alcanzar las 37 voluntades necesarias para impugnar el decreto.
El contenido del DNU establece que todas las actividades de inteligencia tendrán carácter encubierto y define procedimientos de investigación y contrainteligencia, incluyendo acciones para prevenir infiltraciones, fuga de información, espionaje y amenazas externas al sistema republicano. Desde la SIDE, a cargo de Cristian Auguadra, defendieron la medida asegurando que “protege al país frente a las amenazas contemporáneas, delimita competencias, reduce su estructura y fortalece los controles estatales”.
Ahora, la pelota está en el Congreso: si ambas cámaras rechazan el decreto, quedará sin efecto; si no, el DNU continuará vigente por la vía de la aprobación tácita, consolidando un nuevo marco para la inteligencia nacional en medio de un debate que promete extenderse durante todo el receso legislativo.
