Según adelantó el vocero presidencial Manuel Adorni, el Gobierno de Javier Milei impulsará una serie de modificaciones al régimen migratorio, que incluye el cobro de la atención en hospitales públicos para extranjeros, la deportación de quienes cometan algún delito, cualquiera sea, la habilitación opcional a las universidades nacionales a exigirles el pago de un arancel y el endurecimiento de los requisitos para obtener la residencia o la ciudadanía.
"A fines del siglo XIX Argentina recibió una oleada migratoria que duplicó la población. Fue sin dudas una migración virtuosa que a base de trabajo y respeto por la ley aportó su parte para construir la gran potencia que supo ser este país. Sin embargo, en algún momento el rumbo se desvió y hoy tenemos desde hace tiempo una normativa inmigratoria que invita al caos y al abuso de muchos vivos, que lejos están de venir a este país de forma honrada a construir un futuro de prosperidad. Hoy entra casi cualquiera, sin mediar muchas preguntas y las condiciones de deportación son demasiado flexibles", contextualizó el portavoz, antes de enumerar las medidas.
"En los últimos 20 años ingresaron 1.700.000 inmigrantes irregulares, el equivalente, a partido de La Matanza o la provincia de Tucumán. Además, Argentina fue demasiado permisiva con quienes ingresan en forma regular. Hoy cualquier condenado con una pena menor a 3 años puede ingresar a la Argentina. También están los inmigrantes que vienen al país a usar servicios públicos gratuitos, que no tienen en sus países y que no contribuyeron con sus impuestos a financiarlos. En el caso de los tours sanitarios, vienen al país, se atienden en un hospital público y se vuelven inmediatamente a su país de origen. Solamente en ocho hospitales nacionales se gastaron $114.000 millones en atender a extranjeros el año pasado", ejemplificó.
"Lo que es peor, hoy la Argentina tampoco expulsa a quien infringe la ley. Con la ley vigente, cualquier inmigrante condenado por un delito con pena menor a los 5 años puede seguir viviendo felizmente en la Argentina, para peligro de todos los demás. Hablo de delincuentes condenados por ejemplo por abuso sexual simple, privación ilegítima de la libertad, violación de domicilio, hurto, robo, daños agravados, resistencia a la autoridad, falso testimonio, encubrimiento y usurpación ilegal de tierras. En la Ciudad de Buenos Aires, de los 4.300 extranjeros detenidos en el último año y medio, el 40% fue por robo o hurto", concluyó su introducción.
Finalmente, detalló las políticas que impulsarán desde Casa Rosada:
Cualquier condenado que intente ingresar por la frontera será rechazado por las autoridades y quienes sean encontrados en flagrancia, ingresando por pasos no habilitados, serán inmediatamente expulsados. El que mienta en cualquier información que propicie en su ingreso será también expulsado.
Todo aquel que sea condenado por cometer un delito será deportado, sea el delito que sea, y se van a acortar los plazos para los procesos de apelación de expulsiones.
Los inmigrantes ilegales, residentes transitorios y temporales deberán pagar por los servicios de salud. Además, quienes ingresen a la Argentina tendrán que presentar un seguro médico para garantizar esa capacidad de pago.
Se habilitará a las universidades nacionales a cobrar sus servicios, si así lo desean, respetando la autonomía universitaria.
Se endurecerán los requisitos para obtener la residencia permanente y la ciudadanía argentina, que sólo se va a otorgar a quienes residan de forma continua durante dos años en el país, sin abandonar el territorio nacional
Fuente: El Canciller
