El gobierno nacional tiene bajo estudio la posibilidad de llevar a siete el número de integrantes de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, hoy fijado en cinco y actualmente en funcionamiento con solamente tres.
La cuestión está en la agenda de debate público desde hace tiempo, pero ahora su consideración fue convalidada por el ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, en un contexto en el que, además, el Senado rechazó los pliegos de los dos candidatos presentados por el presidente Javier Milei para cubrir las dos vacantes producidas, Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla. Este último, incluso, habiendo renunciado por ese motivo, luego de asumir por decreto y desempeñarse en el cargo durante una semana.
"Lo ideal es que esté la Corte completa. Se está estudiando (la ampliación), hay un proyecto del senador (Juan Carlos) Romero pidiendo una ampliación a siete jueces", subrayó Cúneo Libarona, al participar del evento de Amcham 2025.
Más miembros, y mujeres
El proyecto presentado por Romero propone la modificación del artículo 21 del Decreto Ley N° 1285/58. Según establece el texto de la propuesta, el nuevo artículo estipularía que "la Corte Suprema de Justicia de la Nación estará compuesta por siete (7) jueces, de los cuales no más de cinco (5) de sus integrantes serán del mismo sexo".
El principal objetivo de la propuesta está planteado en términos de "mejorar el funcionamiento de la Corte". Y argumenta que, si bien el Tribunal en 2024 registró un récord de sentencias, continúa siendo un "embudo" en la resolución de causas.
Romero sostiene que la ampliación de la Corte no solo aumentaría la capacidad de resolución, sino que también dotaría al tribunal de una mayor legitimidad y representación. En este sentido, el proyecto subraya la incorporación de jueces con especializaciones diversas, provenientes de distintas regiones del país, con el fin de "facilitar una mayor celeridad en la resolución de causas".
El proyecto también subraya un enfoque de igualdad de género, estableciendo que no más de cinco jueces podrán ser del mismo sexo, en línea con los principios de la Constitución Nacional que promueven la igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres. Según se detalla en los fundamentos, "nuestra Constitución Nacional, en el artículo 37, proclama la igualdad real de oportunidades entre varones y mujeres para el acceso a cargos electivos y partidarios", y esta propuesta busca dar un paso adelante en la implementación de esta igualdad en el ámbito judicial.
Esto significaría que al menos debe haber dos mujeres, un requisito que ha sido pedido en 2024 por el kirchnerismo y por parte del radicalismo, y que históricamente solo se produjo entre 2004 y 2014, con Elena Highton y Carmen Argibay, hasta el fallecimiento de esta última.
De 5 a 9 y de vuelta
El número total de ministros de la Corte, en tanto, llegó a ser de nueve desde 1989, cuando Carlos Menem impulsó el añadido de cuatro jueces a los cinco existentes. Con la renuncia de dos de ellos por efecto de la polémica suscitada, estuvo entonces en condiciones de nombrar a seis ministros (que llegaron a ser diez, con el correr de los años), y generar lo que durante todo su mandato se llamó la "mayoría automática", hasta la puesta en marcha de un proceso de juicio político que la desarticuló en 2004.
En 2006 se volvió a fijar en cinco el número de miembros, con la reducción paulatina de los siete ministros en ejercicio en ese momento (las dos últimas vacantes no habían sido cubiertas), hasta llegar a la cantidad estipulada y que rige hasta hoy.
Ahora, el proyecto de Romero promueve "una Corte Suprema más amplia, garantizando idoneidad y representación igualitaria", según expresó en su fundamentación, invitando a sus pares a acompañar la iniciativa con su firma.
De 3 y con disidencias
Pero la iniciativa del senador salteño se presenta en un contexto en el que la Corte Suprema funciona con solo tres jueces, Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
Conforme ya se llevó a la práctica en otros períodos en que la Corte funcionó con integración menguada, para que se dicte un fallo es necesario que haya tres votos coincidentes; número que opera de esa manera sobre la base de que garantizaría la mayoría aún cuando estuviesen cubiertos los dos cargos vacantes. Pero si uno de los jueces no está de acuerdo, esa condición no se cumpliría. Entonces se debe convocar a un conjuez, sorteado entre todos los presidentes de las Cámaras Federales del país.
Precisamente, a finales del año pasado, a pocos días de que se jubilase Juan Carlos Maqueda (y el Tribunal funcionaba todavía con cuatro miembros), la Corte firmó una acordada para establecer un nuevo mecanismo, que permita acelerar el sorteo de conjueces y así aventar el riesgo de la paralización de expedientes por falta de mayorías.
Esa medida se dictó con la pretensió de evitar el bloqueo de causas y garantizar el acceso a la justicia en tiempo y forma. Pero además, se estableció que un mismo conjuez será designado para resolver casos análogos, asegurando coherencia en los fallos y evitando la atomización de la jurisprudencia que podría derivar en variaciones constantes en las sentencias de la Corte Suprema debido a la rotación de integrantes eventuales.
La paradoja es que aquella decisión se tomó por tres votos contra uno, con el concurso de Maqueda (que hoy ya no está) y la disidencia de uno de los tres actuales ministros en ejercicio, Ricardo Lorenzetti. Al oponerse a la decisión de sus colegas, el rafaelino dijo que la acordada presentaba "deficiencias jurídicas que pueden producir una gran cantidad de nulidades procesales" y señaló que no advertía "razones fundadas para regular una cuestión que no necesitó regulación durante más de cien años".
En su exposición añadió que no consideraba urgente dictar esa acordada "cuando ya termina el año, y, además, es de público y notorio que es probable la incorporación de dos nuevos miembros al Tribunal". Extremo que, cinco meses después y por las circunstancias apuntadas, todavía no se cumplió.
En cualquier caso, Lorenzetti, enfrentado con los demás integrantes del cuerpo, hizo notar que él ya había tenido ocasión de integrar la Corte con tres miembros. En aquella oportunidad fue con él mismo como presidente, y junto al propio Maqueda y a Elena Highton de Nolasco (los dos ministros a quienes corresponden las actuales vacantes). Y que en esa ocasión "no necesitó hacer ninguna acordada de este tipo, porque se respetaron los principios de buena fe, coherencia y transparencia".
Más es mejor
El tema de la ampliación volvió a ganar espacio en la opinión pública luego de la caída del proyecto de Ficha Limpia en el Senado (y la controversia por el voto revertido de los senadores misioneros), y en el marco de especulaciones sobre supuestas negociaciones con el kirchnerismo para cubrir tanto esos espacios como los correspondientes a más de 200 cargos jueces, fiscales y defensores.
El titular de la UCR, el senador Martín Lousteau, vinculó sin tapujos ambas cuestiones: "El Gobierno está negociando con el kirchnerismo la Justicia, los jueces de la Corte, el Procurador, por eso pactaron y los misioneros votaron en contra", argumentó.
En cualquier caso, la posibilidad de la ampliación se viene discutiendo desde hace tiempo. Y en agosto del año pasado, el propio Cúneo Libarona había expresado que "me gustaría una Corte ampliada. Armónica y justa. Me encantan los jueces que están. Creo que hay más jueces de primera para integrar un muy buen máximo tribunal ampliado".