En línea con los anuncios del presidente Javier Milei, la gestión libertaria avanza en un plan de revisión técnica ministerio por ministerio para ejecutar nuevos recortes de personal. El encargado de llevar adelante esta auditoría estatal es el ministro de Desregulación y Transformación, Federico Sturzenegger.
Según informaron fuentes oficiales, colaboradores del área de Sturzenegger se encuentran inspeccionando físicamente las distintas carteras de Gobierno. El propósito de estas visitas es auditar la dotación de cada sector, relevar qué funciones cumple cada empleado y evaluar si las tareas pueden resolverse con menos personal. Un ministro del gabinete confió a la agencia que los emisarios dejan una directiva clara en cada dependencia: la necesidad de profundizar la reducción de la planta estatal durante el segundo semestre.
Dentro del propio oficialismo coexisten dos miradas sobre la continuidad de la «motosierra»: mientras los funcionarios de primera línea confían en que se cumplirán las metas de ajuste sin inconvenientes, otros sectores de la administración advierten que la pérdida de personal podría generar serias dificultades operativas en la gestión diaria.
La respuesta de los gremios estatales
Ante este escenario, la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) adelantó que profundizará las medidas de fuerza en la última parte del año para visibilizar el conflicto. «No podemos quedarnos en silencio o avanzar hacia el matadero. Nosotros vamos a confrontar», advirtió el secretario general del gremio, Rodolfo Aguiar, quien además exigió la reapertura inmediata de las paritarias bajo la amenaza de multiplicar las protestas en el ámbito público.
Por su parte, desde la Unión de Personal Civil de la Nación (UPCN), liderada por Andrés Rodríguez, manifestaron una profunda preocupación por el impacto del ajuste, aunque evitaron precisar si evalúan una medida de fuerza inminente. Desde el sindicato denunciaron que los despidos ya afectaron a trabajadores con más de una década de antigüedad y alta formación profesional, quienes incluso habían aprobado en un 95% el examen de idoneidad implementado por el propio Gobierno.
A la par de las desvinculaciones, UPCN alertó sobre la fuerte pérdida del poder adquisitivo de los salarios estatales y defendió el rol social del Estado: «El Estado le pertenece a la comunidad, no a un gobierno. Podemos hablar de eficientizarlo lo que sea necesario, pero nunca de destruirlo o dejarlo en una situación totalmente vulnerable que no logre contener a la gente que más lo necesita», concluyeron.
Fuente: Noticias Argentinas
