El próximo jueves, si se cumple lo agendado por el Senado de la Provincia de Santa Fe, tendrá media sanción y pasará a Diputados la ley que reforma las jubilaciones de los empleados del Estado. El mensaje 5115 que declara la emergencia e inicia los cambios en el sistema previsional fue presentado a los senadores de Unidos para Cambiar Santa Fe en una reunión en la que los ministros Pablo Olivares de Economía y Fabián Bastia de Gobierno expusieron al bloque las explicaciones sobre cada uno de los puntos del complejo texto.
La definición política es clara: cerrar filas y aprobar a libro cerrado el mensaje que es producto tanto de las necesidades de mejorar el rojo de la Caja y poner en mejores condiciones sus números, como de buscar fórmulas que dañen lo menos posible a los beneficiarios. Respecto de esto último, había cierto alivio entre los radicales por lo que tendrán que aprobar, algunos temían cambios más difíciles de digerir.
En cualquier caso, el bloque radical de 13 bancas (que con Joaquín Gramajo de Unite llega a 14), sabe que tendrá que pagar los costos políticos que la reforma implica, y que en la próxima sesión el minoritario bloque del PJ le propinará discursos sumamente críticos respecto de la reforma.
Dos de los integrantes de la Comisión de Análisis que durante 45 días funcionó en la Legislatura tienen su propia versión de cómo debería cambiar la norma, con menos perjuicios para los trabajadores activos a jubilarse. El texto está esbozado por el jefe del bloque Rubén Pirola y el senador Alcides Calvo en su informe de minoría en aquella comisión.
La Cámara alta trató el pedido de tratamiento preferencial tras la lectura del primero de los asuntos del Orden del Día, bajo el número de expediente 51390. El peronismo votó ese exiguo período para la estadía en comisiones de un asunto de fondo, aunque tiene una visión diferente sobre el tema.
Se postergó la sesión de Asamblea Legislativa convocada para este jueves 29 de agosto a las 13. La Comisión de Acuerdos no llegó a producir un despacho y se optó por repetir la convocatoria para el jueves 5.
El gobernador Maximiliano Pullaro elevó a la Legislatura los pliegos de los actuales fiscales del Ministerio Público de la Acusación (MPA), Valeria Pía Haurigot (Rosario) y Horacio Hugo Pueyrredón (Venado Tuerto), y del defensor de Santa Fe, Mario Javier Guedes para conformar la flamante Cámara de Ejecución Penal y Supervisión Carcelaria, que fue creada por Ley N° 14.243 de la pena privativa de la libertad, sancionada en diciembre del año pasado.
Desde entonces, se produjo la impugnación de uno de los propuestos, por parte de la también abogada Marianela Sarrías, que fue la primera calificada en el orden de mérito elaborado por el Consejo de la Magistratura y remitido al Poder Ejecutivo. (Sarrías es relatora Penal de la Corte Suprema de Justicia de la provincia; abogada (UNR), especialista en Derecho Penal de la UNR y coordinadora académica del Centro de Capacitación Judicial representando a la Circunscripción Judicial Nro 2 Rosario).
El miércoles 28, Acuerdos decidió postergar el tratamiento de los tres pliegos, previsto para la Asamblea y contar con una semana más para estudiar el caso. Las dudas giran en torno a uno de los tres impugnados: Pueyrredón.
Como se sabe, el Partido Justicialista y los senadores provinciales de esa fuerza han expresado su «preocupación institucional» respecto de los concursos y, por otra parte, el diputado Emiliano Peralta (Somos Vida) quien integra Acuerdos por ese sector que conduce Amalia Granata anticipó que los ocho diputados del sector votarán en contra de la postulación de Haurigot y de Pueyrredón.
Info: El Litoral.
