A través del Decreto 137/2026, el Gobierno puso en marcha la Ley N° 27.802. La norma introduce cambios drásticos en indemnizaciones, limita el derecho a huelga en sectores clave y crea un fondo de contingencia para empresas.
El presidente Javier Milei, junto al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y la ministra Sandra Pettovello, oficializó este viernes la ambiciosa reforma laboral sancionada a finales de febrero. La nueva normativa impacta directamente sobre la Ley de Contrato de Trabajo y busca, según el Ejecutivo, dinamizar el empleo mediante la reducción de costos y la flexibilización de vínculos contractuales.
Ejes centrales de la reforma:
- Indemnizaciones y Fondo FAL: Se ratifica el cálculo de un mes de sueldo por año de servicio, pero se establece que esta será la «única reparación posible», eliminando demandas civiles paralelas. Para financiar estos pagos, se crea el Fondo de Asistencia
- Laboral (FAL): un sistema de capitalización obligatorio (1% para grandes empresas y 2,5% para MiPyMEs) que entrará en vigencia el 1° de junio.
- Plataformas y Autónomos: La ley excluye formalmente de la relación de dependencia a trabajadores independientes y a quienes prestan servicios en plataformas de reparto y movilidad. Estos últimos serán considerados autónomos con libertad de horarios, aunque las empresas deberán garantizarles un seguro de accidentes.
- Límite a las huelgas: Se endurece la prestación de servicios mínimos. En actividades esenciales (incluyendo ahora basura, telecomunicaciones y aeronáutica), el personal deberá garantizar el 75% de la prestación durante un conflicto. Para actividades «trascendentales» como transporte, bancos y exportación, el mínimo será del 50%.
- Chau a los Estatutos Especiales: A partir de 2027, desaparecen regímenes históricos como los de viajantes de comercio, periodistas y trabajadores del vidrio, quienes pasarán a regirse por el sistema general.
Incentivos a la formalización
La ley lanza el Régimen de Incentivo a la Formalización Laboral (RIFL), que ofrece una fuerte rebaja: los empleadores pagarán solo el 2% de contribuciones patronales por cuatro años al registrar nuevos empleados o trabajadores desempleados. Además, se habilita una moratoria para regularizar deudas de seguridad social con una condonación de hasta el 70%.
El fin de la Justicia Nacional del Trabajo
En un movimiento de fuerte impacto político y jurídico, la norma ratifica la transferencia de la Justicia Nacional del Trabajo al ámbito de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), marcando el fin de la jurisdicción nacional en los litigios laborales porteños.
